Consumado el desafío soberanista catalán con la aprobación por el Parlament de la ley del Referéndum de autodeterminación y aprobado el Decreto del Gobierno de la Generalitat de celebrar dicha consulta el primero de Octubre, en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional obligaron, “por fin”, a que el Gobierno de la Nación se decidiese a poner en marcha toda la maquinaria del Estado para impedir la celebración de dicha consulta ilegal.
Todos los mecanismos del Estado fueron activados: el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los requerimientos a los funcionarios públicos del Estado, autonómicos y municipales de Cataluña y a los Mossos d´esquadra, para el cumplimiento de la ley e impedir la comisión de actos delictivos. 
Ante ese despliegue, tardío pero necesario, por haberse consentido que los acontecimientos llegasen a este punto, ahora cabe decir que sobran las lamentaciones sobre lo que no se hizo y se debió hacer. Ahora, no cabe, diríamos, “llorar sobre la sangre derramada”. Ahora es el momento de la acción y no de pensar o creer que los sucesos y los problemas se resuelven solos.
El tiempo transcurrido contribuyó a favorecer el envalentonamiento y el radicalismo del movimiento separatista, aprovechando la inacción del Gobierno y consiguiendo, de hecho, avances y ventajas frente a la ley y al Estado de Derecho.
En el momento presente, es de desear que, ante la imposibilidad de que el independentismo logre su objetivo, pese a que se sugestione de tenerlo a su alcance, no se desate una reacción violenta de enfrentamiento y venganza, que debió preverse a tiempo para evitar que alcance una violencia o magnitud inusitadas.
Cuando el camino recorrido es largo y las cimas que se alcanzan son más altas, más grave y dolorosa es la caída y mayor la frustración y el espíritu de revancha. Cuando se tiene cerca la tierra prometida, el no alcanzarla provoca desesperación y rabia.
No cabe duda que estamos ante el mayor desafío legal y constitucional frente al Estado. De ahí, que sea oportuna la advertencia por parte de la Unión Europea de que la fuerza de la ley es más importante que la ley del más fuerte y que dentro de la Unión, el Estado de Derecho no es una opción y sí una obligación.
Finalmente, debemos confiar en que la desproporción que pueda producirse entre los intentos separatistas y el procedimiento de repelerlos no se traduzca ni provoque un mayor y más grave enfrentamiento. No precipitarse no debió ser motivo para que el Estado fuese siempre “a remolque” de los acontecimientos y esto agravase su dificultad para resolverlos.