el proceso secesionista de Cataluña, que se pretende consumar este domingo, con la celebración de un referéndum unilateral de independencia, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y desautorizado por el Consejo de Europa, es de una gravedad que sólo por cobardía, ignorancia o mala fe, se puede desconocer o minimizar.
Su máxima gravedad reside en que no se trata de un proceso revolucionario y antidemocrático para derribar a un Gobierno ni tampoco de un proceso de esas mismas características para cambiar la forma de Estado de Monarquía Parlamentaria a República; lo que está ocurriendo es algo mucho más grave y de imprevisibles consecuencias.
Se trata, con absoluto desprecio de toda legalidad, tanto nacional como internacional, de romper la unidad y soberanía nacional de España con más de 500 años de existencia y destruir su integridad territorial. Por esta razón, el separatismo es, incluso, más grave que un golpe de Estado, pues supone desgajarse del propio Estado y erigirse como uno propio, nuevo e independiente sobre el territorio y la población del primero.
Ese atentado afecta, pues, a la propia supervivencia de España como nación unida e independiente, por lo que no hay más alternativa que asumir su defensa con las normas propias del Estado de Derecho o correr el riesgo de consecuencias imprevisibles y no deseadas. Se trata de un dilema existencial sobre el ser o no ser de España. Más aún, es inútil plantearse el futuro de España si, previamente, no se resuelve favorablemente su presente ante el riesgo evidente que corre.
Fue Ortega el que nos advirtió de que “lo peor que nos puede pasar, es que no sepamos lo que nos pasa”. Pero esto, por fortuna, no ocurre actualmente, porque hoy todos somos conscientes del peligro y los riesgos que supone el desafío independentista.
Lo anterior, lo confirma Felipe González, líder socialista y ex presidente del Gobierno, reconociendo que lo de Cataluña “es lo que más le preocupa en 40 años”.
No parecen compartir esa misma preocupación ni Donald Trump ni Mariano Rajoy que, en la rueda de prensa conjunta celebrada en la Casa Blanca, afirmaron, el primero que “separarse Cataluña de España sería una tontería” y el segundo que “la decisión de la declaración unilateral de independencia es un disparate”.
Ambos juicios, igualmente superficiales, resultan inapropiados ante la gravedad de la situación.
Finalmente, no debe olvidarse que, cuando se trata de salvar una gran emergencia nacional, debe tenerse en cuenta el principio del Derecho Público Romano, según el cual, “salus populi suprema lex est”, la salvación del pueblo es la suprema ley.