Cuando a raíz de un twit extemporáneo salido de altas instancias del Partido Popular  el juez Marchena renunció a la presidencia del Consejo general del Poder judicial (CGPJ) y, por tanto, del Tribunal Supremo que PP y  PSOE le ofrecían (noviembre 2018), Pablo Casado reaccionó dando por rotas las negociaciones.

También entonces Casado  se sumó inesperadamente a la aspiración de varias asociaciones judiciales y de sectores de Génova,13  en el sentido de volver al modelo inicial de renovación del CGPJ; esto es, a que, en mejor sintonía con lo establecido en la Constitución,  fueran los propios jueces quienes eligiesen a los doce de los veinte vocales que la ley fundamental reserva a miembros de la carrera judicial.  Pero ahí quedó todo. 

Ha sido ahora, un par de años después, cuando ambos partidos han retomado el tema, aireando una supuesta sintonía personal entre el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, y el secretario popular de Justicia y Administraciones públicas, el también magistrado Enrique López, aunque –hay que destacarlo– con un formato nuevo sobre la mesa por parte del PP. 

Se trataba de elaborar una ley o una serie de normas para la despolitización de la Justicia y de que la renovación del CGPJ se acometiera guiada ya por los principios y bases de la propuesta. Se obviaba así o al menos se pretendía hacer  más presentable el cuestionado “reparto de cromos” entre los dos grandes partidos; es decir, la reproducción en el órgano de gobierno de los jueces de la relación de fuerzas existente en el Parlamento, introducida por el PSOE de Felipe González en 1985 y contra la que advertiría el Tribunal Constitucional.
Dado que no cuenta  una sola verdad, no habrá que creer mucho al presidente Sánchez  cuando dice que el acuerdo de ahora se encontraba  cerrado al 99 por ciento. Pero en ello se estaba y las conversaciones iban “bastante avanzadas”, según fuentes más fiables. 
La preceptiva renovación del CGPJ lleva dos años esperando. En realidad, su composición actual responde a un pacto político  alcanzado en noviembre de 2013, con Mariano Rajoy en Moncloa y con Pérez Rubalcaba como principal interlocutor socialista. Desde entonces a acá mucho ha llovido. No es de extrañar que el hoy titular de la institución, Carlos Lesmes, lleve tiempo urgiendo la renovación y haya calificado el retraso como “seria anomalía”.

PSOE/Pedro Sánchez pretendía dar dos puestos a Podemos, a lo que oponía de raíz el PP. Al final,  los repetidos ataques de Pablo Iglesias  al Poder judicial –dos veces ha sido reconvenido al respecto-  y a la Monarquía, sumados a los  repetidos silencios del presidente del Gobierno, no han facilitado las cosas y precipitado la ruptura. 

Desde luego, haber entregado al tándem Sánchez-Iglesias el control del tribunal llamado a juzgar las varias causas abiertas contra Podemos y sus máximos dirigentes –un horizonte judicial asfixiante, se ha dicho– hubiese resultado  escandaloso.