El Gobierno del Principado ha apostado este viernes por la intervención pública de Alu Ibérica ante la "mala fe" demostrada por Alcoa al traspasar las plantas de Avilés y A Coruña a "unos grupos que no han mostrado capacidad para mantener la actividad y el empleo", dada su falta de interés por la continuidad de la producción de aluminio en España.

El consejero de Industria, Enrique Fernández, ha considerado que los registros realizados ayer por la Policía Nacional en ambas fábricas y en varias oficinas de Madrid, Málaga y Castellón por orden de la Audiencia Nacional, que investiga la presunta despatrimonialización fraudulenta de las factorías, es "una desgraciada consecuencia lógica" de lo ocurrido en los últimos meses.

A su juicio, "la única responsabilidad por lo que, a día de hoy parece ser una actuación de mala fe, la tiene Alcoa", que en 2019 acordó con el Ministerio de Industria y los gobiernos de Galicia y Asturias el traspaso de ambas plantas al fondo suizo Parter, que a su vez transfirió meses después la propiedad al Grupo Riesgo "de forma sorpresiva y sin comunicación previa" al resto de las partes.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández ha dicho que los propietarios de Alu Ibérica "no han ofrecido en ningún momento garantías de mantener el empleo", que era "el principal, por no decir único, objetivo" de la mesa constituida entre las dos administraciones, Alcoa y la representación de los trabajadores para buscar una salida a ambas plantas después de que la multinacional estadounidense anunciara su cierre.

La responsabilidad de la actual situación es para "los que están obrando de mala fe y para quienes poco a poco se les va cayendo la careta porque están demostrando que no tenían interés en que continuara la producción de aluminio en España", ha dicho el consejero, quien ha insistido en que el actual propietario "no ha ofrecido solvencia ni un proyecto serio" para garantizar la continuidad de la actividad y el empleo.

Fernández ha recordado que el Parlamento asturiano ha solicitado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) la intervención de las plantas para garantizar su futuro, una reivindicación a la que el Gobierno del Principado "se vincula".

A este respecto, ha recordado que es a la SEPI a quien corresponde decir "si tiene intención de hacerlo o no", como sí ha hecho con Duro Felguera dando el visto bueno a un rescate público de 120 millones de euros, en el que el Principado va a participar con una aportación de 6 millones.