El Movimiento Feminista de Madrid, la Comisión 8-M y los sindicatos UGT y CCOO anunciaron ayer que recurrirán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la decisión de la Delegación del Gobierno de esta comunidad de prohibir todas las manifestaciones convocadas los próximos 7 y 8 de marzo por el Día de la Mujer.

Esta polémica se produce un año después de que la manifestación en Madrid en marzo de 2020, multitudinaria pero menos masiva que en años anteriores, se convirtiera en un eje de enfrentamiento político que no zanjó ni la justicia, por su celebración al principio de la pandemia.

A las 15.00 horas de la tarde de ayer , el TSJM ya había recibido siete recursos que la Sección Décima de lo Contencioso-Administrativo estudiará hoy por la tarde en tres vistas públicas.

En una rueda de prensa telemática, las portavoces del Movimiento Feminista aseguraron estar “indignadas y perplejas” con la prohibición acordada por la Delegación “por motivos de salud”, una medida que vulnera su derecho de manifestación y supone un “ataque sin precedentes propio de otros tiempos”, que sólo “criminaliza a las mujeres”.

Conscientes de que su recurso “sólo va a tener repercusión mediática” y que el TSJM puede que resuelva “después del 8 de marzo”, el Movimiento Feminista de Madrid, una de las organizaciones que ha convocado actos el 8-M quiso “dejar constancia” de su desacuerdo e indignación con lo que calificaron de decisión “anticonstitucional”.

Piden suspender la medida

Sin embargo, UGT y CCOO sí reclaman al tribunal que de manera cautelarísima se suspenda “la ejecución de la resolución impugnada, dado que su aplicación supondría que perdiera la finalidad legítima el recurso en caso de ser estimado”.

“Llevamos trabajando seis meses en este 8-M, hemos pautado y medido al milímetro cada acto porque somos conscientes de la situación pandémica, pero no se puede hacer esa tabla rasa, meter a todos en el mismo saco y reducir a cero los actos de las mujeres. Con ello no estás haciendo una defensa de la salud publica, sino demonizando a las mujeres”, denunció Ana Sánchez de la Coba.

Más aún, recalcó, cuando Madrid es una de las comunidades con medidas sanitarias “más laxas”: “Estamos hartos de ver bares llenos, desalojo de fiestas, transportes públicos abarrotados, y ahora el problema somos las mujeres”, lamentó Sánchez de la Coba, que advirtió que “nadie tiene que venir” a dar lecciones.

Otra de las portavoces del movimiento explicó que la resolución de la Delegación del Gobierno se escuda en “motivos de naturaleza política carecen de legalidad” y aseguró que la lucha feminista saldrá a la calle.

Sin embargo, trece sociedades científicas consensuaron un documento en el que apoyan la prohibición o denegación de las autorizaciones para la celebración de reuniones que excedan los límites de las recomendaciones vigentes, como eventos que fomenten la aglomeración o aumenten el riesgo de transmisión del Covid-19.

Estas sociedades científicas recuerdan en un comunicado difundido ayer la “necesidad” de mantener las medidas de prevención de contagios en la región “ante la elevada ocupación de las UCI” en Madrid.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) criticó la prohibición al estimar que se trata de una “limitación desproporcionada al derecho de reunión”.