La Xunta de Galicia ha recurrido la sentencia del pazo de Meirás, dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña el pasado 12 de febrero, por considerar acreditada la “mala fe” de los herederos del dictador Francisco Franco en la posesión del inmueble.

En concreto, según informa en un comunicado, los servicios jurídicos de la Administración autonómica presentaron ayer ante la Sala Primera del Tribunal Supremo un recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra el fallo que confirmaba la titularidad pública del inmueble pero que, a su vez, obligaba a indemnizar a los Franco por su mantenimiento desde 1975.

En este sentido, en la misma línea que el recurso presentado por la Abogacía del Estado esta misma semana, la Xunta concluye que, a la vista de los hechos probados en la sentencia de la Audiencia Provincial, es “contradictorio” aplicar la buena fe a los descendientes del dictador en la posesión del pazo.

Contradicción

De hecho, el recurso del Gobierno autonómico subraya “la incoherencia” que supone que esta resolución judicial vea buena fe en los Franco mientras considera “probado” que eran “conocedores de la situación en la que se adquirió el inmueble”. Por esta misma “contradicción” entiende la Xunta que se han infringido las normas procesales.

“A la vista de los hechos probados declarados en la sentencia, no puede deducirse, sin atentar contra las reglas más elementales de la lógica y de la razón, que estamos ante una posesión de buena fe, pues es obvio que Francisco Franco no solo era conocedor del vicio de su título, sino que además hizo intentos forzados para ocultarlo”, subraya el recurso presentado ante el Supremo.

Además, el escrito del Ejecutivo gallego señala que hubo “una transmisión de la mala fe” a su hija, Carmen Franco: “Existen hechos declarados en la sentencia que necesariamente conducen a pensar que la misma era consciente del vicio de la posesión”.

La Administración gallega explica que sus servicios jurídicos ven argumentos suficientes para sustentar que, tras la muerte del dictador en 1975, tanto su mujer –Carmen Polo– como su hija eran “conocedoras de esta situación”, por lo que “debe revocarse” la decisión de la Audiencia sobre la indemnización.

Finalmente, en el comunicado, la Xunta defiende que la decisión de recurrir el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña se enmarca en la postura que mantuvo “desde el inicio del proceso judicial” para reclamar el Pazo de Meirás, en el que actúa como coadyuvante del Estado, demandante principal.

Precisamente, el Gobierno central anunció el martes su intención de recurrir en casación ante el Supremo esta sentencia que, si bien ve “favorable” a sus principales postulados, contiene “errores de interpretación” al decir que el Estado reconoce buena fe en los herederos del dictador: “De ahí se extraen una serie de conclusiones que no se corresponden con la realidad”.

Cabe recordar que esta misma semana los tres grupos con representación en el Parlamento de Galicia –PPdeG, BNG y PSdeG– respaldaron por unanimidad que tanto el Estado como la Xunta interpusiesen recursos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña. La tercera institución que ha anunciado su intención de presentar su propio escrito es el Ayuntamiento de Sada.