El acuerdo alcanzado el viernes para licitar la conexión ferroviaria de Punta Langosteira (140 millones a cargo de los fondos Next Generation permitió a la alcaldesa, Inés Rey, reivindicar la cumbre que el Ayuntamiento celebró el 23 de febrero con todas las administraciones implicadas en el futuro del puerto. 

Según Rey, la reunión entre el Ministerio de Transportes y Movilidad, José Luis Ábalos, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y a la que también asistió ella y el presidente del puerto, Martín Fernández Prado, es una continuación de la cita del 23-F. Pero quedan dos cabos por atar y que están enredados entre sí formando una maraña compleja: el futuro urbanístico de los muelles y la deuda millonaria del Puerto. Y aunque en publico, Rey todavía no quiera definirse, trabajan con la hipótesis de que no habrá condonación de la deuda.

Son 200 millones que Puertos del Estado entregó a la Autoridad Portuaria herculina para la construcción de Punta Langosteira, a lo que hay que añadir cien millones de Banco Europeo de Inversiones (BEI). Todo, para financiar una estructura cuyo coste iba a ser de 429 millones y que se dobló con creces. El Puerto comenzará a pagar este año el crédito al BEI (tras una reestructuraciones de la deuda) pero no puede afrontar la de 200 millones a la Autoridad Portuaria. Por eso, el Ayuntamiento quiere conseguir del Gobierno central que anuncie cuanto antes la definitiva reestructuración de la deuda (como también se planteó el 23 de febrero) hasta 2035, lo que supondría un muy necesario balón de oxígeno.

Paliar la situación

Pero el Gobierno local sabe que la oposición no ha renunciado todavía a la condonación de la deuda porque insiste en considerar que existe un agravio comparativo con el caso del puerto de Valencia a pesar de que, como señaló el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, el rescatado Consorcio de Valencia de 2007 fue una sociedad entre el Estado, el Ayuntamiento y la Generalitat para la Copa América, sin participación del puerto. “No habrá condonación como ocurrió con Valencia porque, jurídicamente, es un caso distinto –reconocen fuentes municipales–. Pero existen alternativas que pueden paliar la situación”.

En un estudio encargado a la Universidad por el Gobierno de Inés rey, se ponen varias sobre la mesa. Todas pasan por crear un nuevo ente, un consorcio, con los entes públicos afectados (Puerto, Ayuntamiento, Xunta, Autoridad Portuaria, Adif, Diputación...) que permitan ayudar de forma directa a las mermadas arcas del puerto invirtiendo dinero para conseguir que los muelles sigan siendo públicos.

La Xunta ya planteaba una solución semejante en los protocolos de 2018, que a su vez se basaban en los convenios de 2004, que se firmaron en un momento de gran expansión inmobiliaria. La idea consistía en que varias administraciones adquirieran terreno en los muelles de Calvo Sotelo y Batería (así se garantizaría su carácter público) y dedicar San Diego, a la construcción de viviendas, aunque solo en parte.

Ese el camino que quiere seguir Rey, pero partiendo de cero: esta semana anunció su intención de que conseguir que se anulen formalmente los convenios de 2004.Por su parte, el BNG también sospecha que se plantea una “operación inmobiliaria” que afectará al muelle de San Diego y en el pleno del Parlamento gallego exigirá a Feijóo que aclare a qué se refería cuando dijo: “Nós asumimos que temos que procurar solucións para aminorar a débeda”.