Por orden judicial, el mes de mayo saldrá a subasta la promoción de Epamar, situada en Palavea. Son 52 pisos que llevan cerca de diez años abandonados, puesto que nunca fueron rematados, y la inmobiliaria quebró. La Sareb, que es la sociedad encargada de gestionar y vender los activos “tóxicos”, préstamos e inmuebles, de las entidades financieras rescatadas en 2008 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, podría hacerse con estos pisos. De ser así, quizá llegaría a un acuerdo con el Ayuntamiento para convertirlos en viviendas sociales.

En una tertulia celebrada ayer en la SER, el director de Sostenibilidad de Sareb, Gaspar González-Palenzuela, y el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Manuel Díaz Villoslada, reconocieron que mantienen negociaciones para alcanzar posibles acuerdos sobre al menos una parte de los activos inmobiliarios tóxicos, no solo los 52 pisos de Palavea, sino muchos otros que se encuentran dispersos por la ciudad, en diversos estados de conservación. Algunos no son más que esqueletos de hormigón, que han sido objeto de ocupaciones a lo largo de los años.

En la ciudad de A Coruña, la Sociedad estatal ha vendido en el último año 30 viviendas de las 66 que tenía en cartera a cierre de ejercicio. La venta le supuso ingresos de 4’7 millones de euros. A la espera del balance del primer trimestre de 2021, dispone de 285 activos inmobiliarios en el municipio, valorados en 36 millones de euros, según datos aportados por la entidad. En 2020 logró vender ocho garajes y trasteros de un total de 121 y un local comercial de un total de 20. A ello cabe añadir 55 parcelas de suelo en desarrollo y cuatro oficinas.

Tapiar los accesos

“A partir del momento en el que alguien se lo adjudique se podrían iniciar conversaciones con ellos para tratar de que haya alquiler social o se cedan algunas viviendas al Ayuntamiento. Todo eso es factible”, había señalado el miércoles Rey, que ya había reconocido la existencia de conversaciones entre el llamado “banco malo” y su Gobierno. En todo caso, y gane quien gane, el Ayuntamiento tiene planeado exigir que se tapien los accesos para evitar ocupaciones y otros problemas de seguridad.

Rey había recordado esta misma semana que muchos de los particulares que firmaron con la promotora quebrada la permuta de terrenos de su propiedad a cambio de pisos en 2005 nunca obtendrán una compensación porque no llegaron a exigir un aval o garantía. “Debido a la falta de asesoramiento, no podrán reclamar nada al nuevo propietario. Nosotros somos terceros ajenos”, lamentó Rey, abogada de profesión, que recordó que otros afectados si pidieron ese aval y pudieron ejecutarlo cuando la promotora quebró.

Cualquiera podrá pujar para hacerse con el edificio, ya sea una entidad o un particular (por 9,2 millones de euros). Del dinero se liquida primero la deuda con la administración pública, luego la de los trabajadores, etc.