La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confirmó que el Gobierno remitirá hoy “formalmente” a Bruselas el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye el paquete de reformas e inversiones que pretende impulsar España para canalizar los 140.000 millones de fondos europeos de reconstrucción que recibirá hasta 2026.

Calviño, que participó en la IV edición del foro de Ametic Artificial Intelligence Summit 2021, indicó que tras la aprobación del plan el martes en el Consejo de Ministros, hoy se remitirá a Bruselas, cumpliendo así el plazo que había dado la Comisión Europea a los estados miembro para remitir los planes nacionales.

La Comisión Europea tiene hasta dos meses para dar el visto bueno al plan español y al del resto de los estados, aunque el Gobierno asegura que no es necesario que esté aprobado por Bruselas para que se proceda a su implementación, como ya se vino haciendo en algunos sectores.

Precisamente el miércoles, Calviño y sus homólogos de Alemania, Francia e Italia, en una declaración institucional apremiaron al resto de estados miembro a remitir cuanto antes sus planes a la Comisión Europea, para que el desembolso del dinero pueda realizarse antes de finales del verano.

De momento, y a la espera de que llegue el dinero prometido, que en el caso de España son 140.000 millones hasta 2026, la mitad como subvenciones directas, el Gobierno incluyó en los Presupuestos de este año una primera partida de 27.000 millones de euros con cargo a dichos fondos.

Más de 200 medidas

El Plan de Recuperación español está articulado en cuatro ejes y compuesto de 212 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas para canalizar los fondos de reconstrucción que recibirá España para hacer frente a la crisis.

Entre los objetivos fundamentales que se marcó el Ejecutivo, destacan impulsar la recuperación económica en el corto plazo y reconvertir y transformar la economía española para hacerla más competitiva y sostenible, en la mayor oportunidad que se le plantea a España en un siglo para lograr una verdadera transformación de su economía, en palabras del propio Sánchez.

Del conjunto del plan, se destinará el 39% a la transición ecológica, 29% a la transformación digital, el 10,5% a educación y formación y un 7% para I+D+i, según especificó el presidente. Entre las inversiones, se contemplan 20 principales para los tres próximos años, con el foco en la movilidad sostenible, vivienda, energía, modernización de la administración pública y digitalización. Sobre las reformas, la pata del plan más controvertida, se pretende abordar el sistema de pensiones, así como la transformación del mercado laboral, además de la modernización del sistema de salud, la reforma del sistema eléctrico, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados, la ley de Aguas o la reforma fiscal.

En total, se movilizarán en el primer periodo 2021-2023 inversiones públicas por importe aproximado de 70.000 millones de euros, que tendrán un impacto “inmediato” en la economía y en el empleo este mismo año. Los otros 70.000 millones se gestionarán en los tres años siguientes.

En concreto, el Gobierno sitúa en un 2% anual el efecto positivo de los fondos europeos tanto para este año como para el que viene y además contempla que permitirán la creación de 800.000 nuevos empleos en seis años.

El vicepresidente en funciones del Govern, Pere Aragonès, reprochó ayer al Gobierno que no haya “consensuado” con las autonomías el plan de recuperación basado en los fondos europeos: “La cogobernanza no se está haciendo realidad”. Lo dijo en el Parlament durante la sesión de control en respuesta a una pregunta del jefe de filas de JxCat en la cámara catalana, Albert Batet, en la que expresaba su “preocupación” por estos fondos.

Aragonès afirmó que el Gobierno presentará un plan “sin previo consenso con los territorios” que lo tienen que ejecutar.

La Generalitat

Por ello, reclamó la participación de la Generalitat en la selección de los proyectos que canalizarán estos fondos, y también señaló que las reformas asociadas al plan de recuperación “se tienen que discutir y debatir democráticamente”.

Asimismo, advirtió del “riesgo” que supondría utilizar parte de estos recursos a “generar nuevo gasto corriente” y no a “la transformación de la economía productiva”.