El Gobierno espera recibir 9.000 millones de euros correspondientes a la prefinanciación del Plan de Recuperación tan pronto como la Comisión Europea apruebe el documento, previsiblemente en junio, según avanzó ayer la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

La ministra económica también añadió que, además de estos fondos, espera recibir un primer desembolso semestral este año, que sumaría 16.000 millones.

De esta forma, en el conjunto de 2021 España obtendría 25.000 millones del Plan de Recuperación, que se suman a unos 2.000 millones de ayudas para la cohesión, el denominado React-EU.

El Gobierno incluyó en los Presupuestos de 2021 el adelanto de estos 27.000 millones de los fondos europeos con el objetivo de poner en marcha los proyectos lo antes posible, unos recursos que ahora tendrán que ser reembolsados por la Comisión Europea.

Los 25.000 millones correspondientes al plan se recuperarán con un primer pago de 9.000 millones cuando se apruebe el documento y, el resto, como parte de los desembolsos semestrales vinculados al cumplimiento de hitos y objetivos, que Calviño espera que empiecen a llegar en el segundo semestre de este 2021.

Precisamente ayer el Gobierno central publicó el detalle de los 30 componentes de plan, “más de 2.000 páginas” con el detalle de las reformas presentadas a la Comisión Europea.

La intención del Gobierno, insistió, es volcar la mayor parte del esfuerzo en inversión y reformas en los tres primeros años del plan con el objetivo de lograr un impulso a la modernización económica que permita recuperar el PIB previo a la crisis a finales de 2022 y recuperar la senda de crecimiento pre-covid a finales de 2023.

Asimismo, el Ejecutivo central pretende aprobar un nuevo marco laboral este mismo año para que esté en vigor en 2022, con el objetivo de que la “intensa” creación de empleo asociada a la recuperación económica sea de calidad y “no arrastre la patología de décadas”, subraya Calviño.

Entre las reformas incluidas en el documento del plan de recuperación español figuran cambios en el mercado laboral, algunos de ellos a corto plazo, como la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para hacer frente a la “fase final” de la pandemia.

Sin embargo, la vicepresidencia urgió a buscar un acuerdo ese mismo año que permita iniciar 2022 con un nuevo marco laboral que incluya una simplificación de contratos, una negociación colectiva más moderna, una nueva regulación de las subcontratas o un mecanismo permanente de flexibilidad en línea con los ERTE.

“Es importante tener este nuevo marco normativo en pie para acompañar el proceso intenso de creación de empleo que prevemos” para la segunda mitad del año y para 2022, señaló la vicepresidenta, ya que proporcionaría elementos para crear empleo de calidad, con mayor productividad y mejores salarios.

Pensiones y fiscalidad

También señaló que confía en contar este año con un primer paquete de medidas para avanzar en la reforma del sistema de pensiones, cuyo objetivo a largo plazo es mantener el poder adquisitivo y asegurar la sostenibilidad, sobre todo ante la llegada de la generación del “baby boom” y el aumento de la esperanza de vida.

En cambio, se mostró más cauta con respecto a la reforma fiscal, ya que habrá que esperar a las conclusiones del comité de expertos en febrero de 2022 antes de abordar las medidas.

Además, insistió en que la eliminación de la reducción por tributación conjunta en el IRPF no figura entre las reformas previstas, aunque admitió que su mención en un anexo “puede dar lugar a una mala interpretación”.

Asimismo, la intención del Gobierno de subir la cotización máxima a la Seguridad Social se llevará a cabo de forma “muy gradual” en un plazo de treinta años.

Calviño destacó también las medidas de impulso a las pymes, con el objetivo de aumentar su tamaño y productividad.