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domingo | 1 diciembre | 2024
El pleito sobre los gastos por los daños ocasionados por el hundimiento del “Prestige” sigue avanzando después de que un magistrado británico haya dado la razón a la Abogacía General del Estado al rechazar los argumentos de la aseguradora del buque para no abonar los 855 millones que reclama España.
El magistrado británico Butcher, en una sentencia de 12 de mayo de 2021, rechaza de manera contundente los argumentos de la aseguradora del “Prestige”. El magistrado también descarta que los derechos fundamentales del capitán, Apostolos Mangouras, se hubiesen visto vulnerados en el procedimiento judicial seguido por la Audiencia Provincial de A Coruña. De este modo, el único motivo de oposición a la reclamación de la cantidad a la aseguradora que quedaría pendiente de decidir es el actualmente sometido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un asunto que parte de una cuestión prejudicial del magistrado Butcher.
El proceso lo gestiona la Abogacía del Estado con la asistencia de Squire Patton Bogs
La aseguradora se escudaba para no pagar en un laudo arbitral del Reino Unido del año 2013, en que el armador (insolvente) no había abonado la indemnización previamente y en que los derechos fundamentales del capitán habían sido vulnerados. Todos estos argumentos han sido rechazados en la sentencia emitida el miércoles, día 12.
El proceso lo gestiona la Abogacía General del Estado con la asistencia del despacho Squire Patton Boggs.
El petrolero “Prestige”, de pabellón de Bahamas y cargado con 77.000 toneladas de fuel pesado, registró una fractura del casco el 13 de noviembre de 2002 cuando navegaba cerca de la costa gallega y, tras ser alejado por decisión de las autoridades, se partió en dos y se hundió el 19 de noviembre, generando una marea negra sin precedentes que afectó a más de 1.700 kilómetros de litoral desde Portugal hasta Francia.
La Audiencia de A Coruña cuantificó la responsabilidad civil por los daños causados por la marea negra del Prestige en 2.500 millones de euros.
El pleito, pendiente de la Justicia de la UE tras la decisión de un tribunal británico de desestimar el recurso de la firma
Para la aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association (The London P&I CLUB) fijó un límite de 855.493.575 euros, descontada la cantidad de 22.777.986 euros consignada.
Con la sentencia del miércoles, España está más cerca de cobrar esa cantidad.
En 2018, la Sala Segunda del Tribunal Supremo dictó la sentencia definitiva sobre la responsabilidad civil derivada de la catástrofe del “Prestige”, y fijó indemnizaciones por importe superior a los 1.500 millones de euros a pagar por los responsables civiles de la tragedia al Estado español –como principal perjudicado–, el francés, la Xunta de Galicia y otros 269 afectados por el vertido, entre particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos y sociedades.
En concreto, la sentencia señalaba al Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac), el capitán del buque, Apostolos Mangouras, y la aseguradora The London Owners Mutual Insuranse Association, como responsables directos del pago de las indemnizaciones, y la propietaria del barco, Mare Shipping, como responsable subsidiaria.
Todos ellos debería afrontar los pagos.
