El fuego que en octubre de 2007 arrasó 41 hectáreas de monte raso y tres de arbolado en el municipio de Santiso, en Arzúa, llega el próximo día 11 a los juzgados coruñeses y puede costar al quincuagenario acusado de iniciarlo nueve meses de cárcel y más de 45.000 euros, entre multas e indemnizaciones. La Fiscalía lo culpa de un delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave, al tener indicios de que fue su conducta negligente, al talar, motu proprio, un pino que tocaba con el tendido eléctrico sin interrumpir la corriente lo que causó la chispa que desató las llamas.

En espera de su declaración ante la jueza de penal 4, el Ministerio Público señala en su escrito de calificación que, en el momento de los hechos, el hombre que ocupará el banquillo actuó dentro de su jornada laboral, pero por propia iniciativa, sin que nadie le diera orden de cortar el árbol que, en ocasiones, entorpecía el funcionamiento normal de la línea eléctrica al tocar el cableado con las ramas.

El árbol cayó sobre la línea de alta tensión e hizo saltar una chispa, que arrasó hasta 45 hectáreas

Maleza > Al tomar la decisión de talarlo, sostiene el fiscal que \“incumplió gravemente las más elementales normas de prevención y cuidado que le eran exigibles\”, al realizar el corte en ángulo orientado hacia los cables eléctricos. La consecuencia fue que el pino cayó directamente sobre la línea de alta tensión, lo que generó un chispazo que dio pie a un fuego que se extendió con rapidez, debido a la pendiente del terreno y a la cantidad de maleza que había.

El escrito de acusación indica que las llamas fueron controladas en poco más de dos horas y extinguidas en tres, pero que el foco se reavivó aquella tarde, y se propagó aprovechando la pendiente y el viento que predominaba en aquella jornada.

Finalmente, la superficie quemada, 45 hectáreas en total, afectó a media docena de propietarios y acabó con una plantación de pino y eucalipto.

Efectivos > Los trabajos de extinción requirieron de la intervención de dos agentes forestales, una cuadrilla de extinción de Arzúa, un Grumir de la misma localidad y cuadrillas procedentes de Tordoia, O Pino, Santiago y Sobrado, así como de dos motobombas un helicóptero de extinción (con base en Silleda) un hidroavión y una pala excavadora.

Respecto a los medios empleados, aunque el fiscal no cuantifica el gasto que se generaron, sí solicita, para el caso de condena, que sea el procesado quien asuma de forma directa los costes, e indirectamente el seguro que su empresa tenía concertado.

A mayores, el apartado de responsabilidad civil del escrito del Ministerio Público incluye los costes derivados de los desperfectos que se causaron en las fincas afectadas, y que se elevan hasta los 42.000 euros. A ello se suman los 4.050 euros de la multa que se pide, por la responsabilidad penal en los hechos.