No hemos aprendido nada o muy poco. Este dichoso virus que se ha llevado por delante vidas y haciendas, que ha destrozado infinidad de proyectos personales y que ha hundido en la tristeza a miles y miles de familias, ha optado por no abandonarnos. Esta demostrando ser una hidra de mil cabezas y así ocurre que de la sonrisa hemos vuelto al gesto de preocupación y un verano que nos lo prometían feliz ahora está con la respiración contenida.

Y en estas ha llegado el Tribunal Constitucional que con su sentencia ha levantado un enfado irresponsablemente manifestado por parte del Gobierno. La comparecencia de la nueva ministra de Justicia ha sido algo nunca visto. Naturalmente sin preguntas lo que indica hasta que punto al Ejecutivo le gustan más las declaraciones institucionales que a Rajoy su criticado plasma.

El panorama que tenemos encima no es, ni mucho menos, el de hace unos meses pero no sabemos cuánto va a durar e ignoramos cuáles pueden ser las tretas del virus en los próximos meses. Y nos tenemos que preparar para lo que pueda venir. De momento lo que estamos viendo es que los contagios se aceleran y las hospitalizaciones también y aquí nos encontramos: hemos pasado del estado de alarma a que cada autonomía se las arregle como pueda porque según el Gobierno, tienen herramientas suficientes para hacer frente a cualquier incidencia. En realidad hemos pasado de La Moncloa a los jueces y ahí están los presidentes autonómicos como pollos sin cabeza pendientes de las togas que en cada autonomía deciden lo que, desde el punto de vista jurídico, consideran oportuno. Este desorden, esta incertidumbre con la que los responsables autonómicos tienen que convivir hubiera tenido arreglo si el Presidente del Gobierno hubiera cumplido el compromiso adquirido con Ciudadanos de abordar los cambios legislativos necesarios para que no ocurra lo que esté ocurriendo y es que son los jueces los que, en última instancia, deciden que se puede y no se puede hacer para hacer frente a la pandemia.

Entre el estado de alarma y la realidad actual debe haber un término medio. Un punto que de seguridad jurídica a las autonomías, que establezca criterios mínimos comunes para evitar este laberinto en el que se está convirtiendo la lucha contra el virus.

No acierto a entender por qué desde el Gobierno hay esa cerrazón, bastante absurda, a pactar este punto medio con la Oposición. Casado lo viene pidiendo desde hace meses (lo llama ley de Pandemias) y mantiene su disposición a pactar el armazón jurídico necesario para encontrar ese punto medio al que el Presidente –hay que recordarlo otra vez– se comprometió , nada menos, que en la tribuna del Congreso.

Ahora que la situación no es comparable a la de hace uno año, ahora que está el verano por delante, ahora que sabemos el criterio del Tribunal Constitucional, ahora que vemos el desastre que supone `pasar del estado de alarma a quedar en manos de los diversos tribunales, ahora debería ser el momento de prevenir lo que pueda venir, de dotarnos de la armazón jurídica consistente para hacer frente a ese futuro siempre inmediato.

Un pacto entre PSOE y PP sobre algo tan obvio y tan necesario sería un gran pacto de Estado que beneficiaría al hoy Presidente del Gobierno y a los que puedan venir. Daría seguridad a las autonomías de todo signo y representaría a la inmensa mayoría de españoles. Me temo que no lo veremos aunque la sonrisa propugnada por la ministra de Sanidad se esté quedando helada.