El levantamiento de las restricciones y la reactivación económica genera una corriente de optimismo a un aire viciado durante demasiado tiempo por el coronavirus. Sin embargo, los efectos sociales sobre los más vulnerables tardará en solucionarse y las entidades que trabajan con ellos lo saben bien. Uno de ellos es el Comité Antisida de A Coruña (Casco) cuya directora, Sonia Valbuena, señala que el número de usuarios que reciben se ha estabilizado en torno a 100%. Es decir, un 30% más que antes de estallido de la pandemia. Y, a día de hoy, no tiene visos de bajar. Por lo menos, a corto plazo.

“En cuanto a usuarios, el incremento que sufrimos durante la pandemia ha venido para quedarse, pero ya contábamos con eso, porque siempre pasa”, explicó la responsable. La carga de trabajo ha aumentado pero el hecho de que la vida esté volviendo progresivamente a la normalidad les facilita las cosas porque los servicios sociales y las citas presenciales, las atenciones personales vuelven a funcionar. Por otro lado, los aforos tampoco son el 100%, por lo que tienen que seguir estableciendo turnos.

Valbuena se muestra firme, pero no especialmente optimista sobre lo que ocurrirá este año porque después de una crisis de esta índole (ya sea económica o sanitaria), siempre queda gente que ha resultado muy perjudicada, ya sea social o económicamente y no está segura de que todas las consecuencias hayan salido a la luz. “Esperamos que se incremente, porque aunque la economía se empieza a reactivar, pero el daño, sobre todo económico, ha sido de tal calado que todavía no tenemos conocimientos reales de hasta donde ha llegado”.

Perfil inmigrante

Casco nació, como su nombre indica, para proporcionar apoyo a las personas seropositivas, sobre todo aquellas que forman parte de los colectivos más vulnerables. Su sede es un punto de calor y café en Padre Sarmiento, pero ofrecen mucho más que eso: cuentan con asesores legales, trabajadores sociales, educadores, sexólogos, psicólogos, auxiliares de enfermería, pisos de acogida y sexpoint. Pero también ha cambiado el perfil de sus usuarios. “El perfil es absolutamente extranjeros en situación irregular, y con lo que vemos que está pasando, hay menores, y gente que sale de centros de menores”, explica .

A día de hoy, Valbuena calcula que el 89% de sus usuarios son inmigrantes, casi todos ellos irregulares, lo que convierte la tarea de ayudarlos en mucho más difícil.

“El problema de la inmigración es real y negarlo, además de irreal, es cínico. Se impone una revisión absoluta de la legislación para regularizarlos”, opinó.