El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, apelaba ayer a que la reunión política a tres bandas (Puerto, Xunta de Galicia y Ayuntamiento) para dilucidar el futuro de la fachada marítima se celebre a la mayor brevedad posible, apuntando a antes de que acabe el actual mes de agosto.
Tanto la Xunta como el Puerto ya han dado el respaldo a esta nueva reunión, que en esta ocasión pretende ser de un carácter político para poder llegar a acuerdos prácticos, pero “non recibimos contestación do Concello, todavía”, apuntaba Fernández Prado, que mostró su esperanza de que la respuesta llegue “próximamente”. Aunque no hay fecha marcada, esperan que pueda celebrarse antes de que de comienzo el mes de septiembre.
El propio Gobierno local habló de una reunión similar en el pasado, pero en aquel momento se proponía que sus protagonistas fuesen la alcaldesa, Inés Rey, y el presidente de la Xunta, Alberto Nüñez Feijóo. A este respecto, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que ayer se reunía con Fernández Prado, señalaba que el carácter de la petición municipal es la misma que la propuesta por el Puerto, una “xuntanza política”. “Unha xuntanza política, con acordos concretos, por tanto creo que a conselleira e o delegado (Gonzalo Trenor) representamos á Xunta de Galicia nesa xuntanza”, decía Vázquez, explicando que es “compatible” con la solicitud municipal.
Tal y como relataba Vázquez, en el asunto portuario está claro que hay tres ámbitos diferenciados a desarrollar por fases: Batería, Calvo Sotelo y San Diego. Pero, reincidía en esos acuerdos políticos concretos, en relación a las inversiones y reparto de los terrenos.
Cabe recordar que la Xunta planteó la compra del 51% de los dos primeros ámbitos por algo más de 20 millones, propuesta rechazada por el Ayuntamiento. Precisamente el Gobierno municipal propone ahora adquirir el 75%, dejando el resto para la Xunta y el resto de administraciones. “Nós estamos abertos a dialogar”, decía Vázquez, que aceptaba ayer “públicamente” que no van a poner impedimentos a que el Ayuntamiento realice esa inversión, siempre y cuando “a urbanización sexa proporcional á titularidade do solo”.