En el primer día de paralización por orden judicial de las repatriaciones de menores a Marruecos, Interior y el Gobierno ceutí han hecho un frente común en la defensa del proceso de retorno, aunque han expresado su voluntad de corregirlo si lo determinaran los tribunales.

Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma, fue más lejos y, tras asumir en rueda de prensa que él es el responsable político del proceso de retorno de los menores, aseguró que los niños “donde mejor están es con sus familias. En Ceuta están en situación de precariedad, viven sin techo y en asentamientos inadecuados”.

El responsable de la ciudad autónoma, del PP, quiso dejar claro públicamente que él es quien dio la orden de iniciar el retorno el pasado viernes y de solicitar al Gobierno que activara el acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007 y en vigor desde 2013. “Esta petición fue atendida y, aunque las negociaciones no han sido nada fáciles, se determinó la aplicación del acuerdo y en los términos en los que debía llevarse a cabo el traslado de los menores a su país de origen”, dijo Vivas, que catalogó como “hito histórico” estas devoluciones.

A ese acuerdo con Marruecos volvió a referirse el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien un día más defendió la legalidad del proceso de retorno de menores a Marruecos, si bien ha dejado claro que si la Justicia observa algún “matiz” que haya que corregir en el procedimiento, “se corregirá”.

Para el ministro, la decisión judicial de paralizar los retornos obedece a una “discusión técnico jurídica” sobre cómo aplicar el convenio para devolver a los niños que entran solos a España.

Expedientes personales

El titular de Interior insistió en que desde que se produjo la entrada de cerca de un millar de menores, los responsables de protección del menor del Gobierno ceutí asumieron su tutela y abrieron expedientes para analizar sus circunstancias personales.

Una vez examinadas y determinada su vulnerabilidad, Ceuta reclamó la aplicación del acuerdo de 2007. Marlaska dejó claro que el interés superior del menor y la Convención de los Derechos del Niño que prioriza la reagrupación familiar han sido los principios que han seguido para ejecutar las repatriaciones.

Siguen sin compartir la legalidad de estas devoluciones una treintena de ONG que han reclamado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga y acuerde la “suspensión inmediata”. En la carta remitida a Sánchez, las ONG firmantes le trasladan su “profunda preocupación por la forma en la que se han realizado hasta el momento estas expulsiones: de manera colectiva, sin aviso previo, sin trámite de audiencia de ningún tipo y sin cumplir las garantías establecidas legalmente, especialmente la asistencia letrada”.

Las organizaciones insisten en que estas expulsiones están vulnerando los derechos de estos menores, contraviniendo el ordenamiento jurídico, nacional, europeo e internacional, tal y como ya han alertado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los Migrantes, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía.

Desde Save the Children alertan de que uno de cada cuatro menores podría ser un caso de extrema vulnerabilidad, es decir, niños que huyen de situaciones de maltrato, de violencia en la familia o de violencia sexual.