El PPdeG ha tumbado la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento gallego sobre el vaciado masivo de los embalses de Salas, Cenza y As Portas (Ourense) y Belesar (Lugo) gestionados por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que solicitan los grupos de la oposición.

En el debate parlamentario, la diputada popular Marisol Díaz Mouteira ha explicado que su grupo, el mayoritario en la Cámara gallega, no respalda que sea el Parlamento autonómico el foro adecuado para investigar unos hechos cuya única “responsabilidad” deriva de un organismo estatal como es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

“Comisión de Investigación sí, pero en el Congreso de los Diputados”, ha insistido la parlamentaria del PP gallego.

En todo caso, Díaz Mouteira ha instado a los grupos de la oposición -BNG y PSdeG- a utilizar la oportunidad que les ofrece el reglamento de la Cámara que permite crear, de forma automática, una comisión de investigación en cada legislatura si lo solicitan un tercio de los 75 diputados que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario, o bien los dos quintos de la Cámara.

“Recurran al reglamento si tan convencidos están de quién es el responsable”, ha sentenciado.

En relación a las críticas de la oposición a la inacción de la Xunta respecto a su papel de control y sanción, la diputada ha señalado que antes de incoar una sanción a las empresas “primero hay que constatar” que existen las afecciones constitutivas de multa.

Ha asegurado, sin embargo, que la Xunta llegará “hasta el final” y tomará las decisiones pertinentes “con mano dura” con los infractores.

Frente a ello, la diputada del grupo nacionalista que impulsó la petición de comisión, Noa Presas, se ha preguntado “de qué tienen tanto miedo” en el PP para impedir esta investigación ya que, a su juicio, “la conclusión es clara: si no quieren investigar es porque algo tienen que ocultar”.

Durante su intervención, la dirigente del Bloque ha defendido la idoneidad de investigar el vaciado en la Cámara gallega ya que en su formación consideran que “con independencia de las responsabilidades que se puedan derivar del ámbito administrativo y legal, también hay cuestiones políticas” que se deberían indagar porque este suceso evidenció la “inutilidad del modelo colonial de la gestión del agua que es inservible” para los intereses de Galicia.

Noa Presas ha lamentado la actuación de la Xunta y del Gobierno central en este suceso ya que ambas administraciones “miran para otro lado y legislan para favorecerles el camino” a las empresas eléctricas.

“Las eléctricas se sienten impunes y la Xunta contribuyó a que esto sea así” mientras se escudan en la “incompetencia” y la “improvisación” actuando “mal y tarde”, ha sentenciado la nacionalista.

Por su parte, el diputados socialista Pablo Arangüena ha tildado de “auténtica obscenidad política” que los populares rechacen investigar esta cuestión tras el “aluvión de 'fake news' y mentiras” que emplearon los dirigentes de la Xunta para derivar sus responsabilidades en lo sucedido.

“Es de un cinismo insoportable” que ahora no quieran saber qué pasó, ha asegurado Arangüena que ha vuelto a defender el proceder del organismo estatal que, según su versión, informó a la Xunta mediante “tres modalidades” de las actuaciones de las eléctricas.

No obstante, la Xunta mantiene que las comunicaciones al respecto no se llevaron a cabo mediante los cauces adecuados por lo que “parece que esperaban que bajase del cielo Jesucristo para hacerles la comunicación”, ha reprochado el socialista.

Finalmente, Arangüena también ha deslizado una posible connivencia entre la Xunta y las empresas ya que pese a que están amenazando con sanciones tampoco las ejecutan. “Sancionen o callen la boca, señora conselleira” porque “si no actúan, prevarican”, ha espetado a la titular de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.