Primero fue la sorprendente secretaria de Estado de Igualdad –sorprende que la misma que llamó “puta coja” a una compañera de partido haya llegado al cargo– la que hizo un alarde de respeto a las leyes al decir que Meritxell Batet había respondido “a las presiones del poder judicial” y que la retirada de la credencial de diputado a Alberto Rodríguez iba “a contra la ciudadanía”. “Es una terrible noticia para nuestra democracia y tiene un nombre: prevaricación”. El mismo término que poco después utilizaron desde Podemos para anunciar una querella contra la presidenta del Congreso. Ni más ni menos que por cumplir un mandato judicial. Será que ellos son de los que consideran que las normas son opcionales y las condenas, sugerencias. No todos, ojo, que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, se ha apresurado a aclarar que las acciones legales contra Batet las tomará Alberto Rodríguez a título personal y no la formación morada. Igual Ione Belarra, que se despachó a gusto contra los jueces, no opina lo mismo. Parece que las tensiones con el PSOE no son las únicas que tiene Podemos. A lo mejor tienen que hacérselo mirar.