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viernes | 3 enero | 2025
Cuando se le pregunta a un policía qué es lo que encuentra más gratificante de su trabajo, suele hablar del servicio público: ayudar a gente que está en apuros, en la calle o en el hogar, salvar una vida... Sin embargo, el trabajo policial también tiene un lado sucio. Por lo menos, el de la Policía Local, que de manera inmediata emprenderá una campaña con agentes de paisano para sancionar a los dueños de perros que no recogen sus excrementos. De esta manera, el Ayuntamiento espera acabar con la impunidad que existe ahora, que permite que las heces aparezcan en lugares tan transitados como el Paseo Marítimo o las principales avenidas.
Se trata de un tema que aparece recurrentemente entre las quejas que tienen que escuchar los concejales de distrito, sin importar cuál sea, y las propias estadísticas municipales parecen apoyar esta idea de que no se sanciona lo suficiente o más bien, casi nada. Se pueden contar con los dedos de una mano las veces en las que se ha sancionado el año pasado al dueño de un perro que no ha cumplido con el ritual de agacharse con la bolsa y arrojar a la basura. Pero tampoco es algo nuevo, porque la memoria que la Policía Local publicada cada año muestra que siempre ha sido muy baja (una de las más altas fue en 2018, con seis multas).
El motivo principal es que los infractores no suelen ‘olvidarse’ de recoger los excrementos cuando hay alguien cerca, sobre todo si ese testigo es un Policía Local. Sin embargo, cuando se hace de noche, en un parque o en una calle solitaria, la situación es distinta. Entonces pasan a considerar la recogida de excrementos como una opción en vez de una obligación. También es cierto que muchas veces los dejan sobre la hierba, en las zonas verdes o al pie de los árboles que jalonan las aceras, pensando que se trata de abono, lo que es un error. Los excrementos ácidos de los canes no aportan en absoluto nutrientes para la vegetación.
El resultado es que cada año el servicio de limpieza viaria del Ayuntamiento retira unas diez toneladas de excrementos, y la cifra va aumentando poco a poco a medida que va creciendo también la población canina de la ciudad, que no ha dejado de aumentar todos los años, y por tanto, el problema de convivencia e higiene que representa.
A principios de año, las estadísticas de la Xunta indicaban que había 31.906 perros en A Coruña. Se trata de una cifra récord porque cada año crece en unos pocos cientos de ejemplares la población canina coruñesa. Aun así, hay que señalar que, si se tiene en cuenta la población, A Coruña es la ciudad gallega con menos perros por habitante.
Este ranking estaría encabezado por Lugo. Vigo, por su parte, ocuparía el penúltimo puesto, solo por delante de A Coruña. Aun así, no es nada desdeñable la cifra de 31.906 perros de la ciudad herculina. Sobre todo, teniendo en cuenta el fuerte incremento que ha tenido en los últimos años la población no solo de perros, sino de mascotas en general. En 2018 el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) sumaba 20.060 mascotas mientras que hoy, contando toda clase de animales que hacen compañía a los coruñeses, se llega a 37.482: un incremento del 59% en menos de seis años.
Controlar toda esta población canina no es nada fácil para los agentes de la Patrulla Verde, que tienen que atrapar in fraganti al infractor. Durante un tiempo, se estuvo estudiando la posibilidad de implantar el análisis de ADN. En 2019 se habló de ello por última vez, cuando la concejala de Medio Ambiente era Esther Fontán, pero nunca se ha materializado. Obligaría a un registro previo en el que deberían estar incluidos todos los perros de la ciudad, pero permitiría encontrar a los responsables fácilmente.
En cuanto al coste de la prueba, iría unido al de la multa, que ronda los 120 euros. Pero la medida sigue durmiendo en el cajón y no hay previsiones de que se ponga en práctica pronto. Pero eso no quiere decir que la Policía Local no haya ensayado formas de coger por sorpresa a los dueños de los perros incumplidores.
Efectivamente, en agosto del año pasado, por primera vez la Policía Local decidió hacer uso de drones para sorprender a los dueños infractores en el Paseo de los Puentes, aunque en aquella ocasión no se trataba de los que no recogían las heces, sino de los que los soltaban, molestando a otros transeúntes. Los agentes habían acudido al lugar en varias ocasiones en respuesta a quejas vecinales, pero en cuanto hacían acto de presencia, los dueños les ponían la correa a los animales.
Después de que un can suelto mordiera a alguien, los mandos del 092 decidieron adoptar un enfoque distinto. Habían adquirido dos aparatos en 2022, uno para Tráfico y otro para Medio Ambiente, así que decidieron usar este último. El dron, pequeño y silencioso, volando a gran altura, resultó ser el espía ideal.
Gracias a sus cámaras de alta resolución, pudieron obtener imágenes donde se distinguía cómo los canes corrían libremente por el parque, así que los dueños de los perros no tuvieron excusa y cinco fueron sancionados. Pero aquello fue un caso único, y nunca más se ha vuelto a poner en práctica.
Lo que sí está haciendo el Ayuntamiento es campañas para concienciar a los dueños de los perros de que deben ser responsables y recoger los excrementos de sus mascotas. Los carteles explicativos están situados en varios puntos de la ciudad, es cierto, aunque es difícil determinar hasta qué puntos están siendo efectivos. Los portavoz de las asociaciones de dueños de animales, como Cancoruña, son los primeros en reconocer que hay que cumplir la normativa, y sancionar a aquellos que no lo hacen.
Por otro lado, no hay que olvidar que la nueva ordenanza de bienestar animal se instauró la obligación a los dueños de los animales de salir a la calle provistos de una botella de agua con la que diluir la mancha de orina que dejan los animales. Se aprobó hace más de un año, en septiembre del año pasado.
El texto refleja un endurecimiento de las sanciones. Así, por ejemplo, las impuestas a las personas que no recogen los excrementos pasan de oscilar entre los 30 y 300 euros a hacerlo entre los 100 y los 500. Las más graves se saldarán con multas de hasta 30.000 euros, además de la obligatoriedad de portar una botella con agua para limpiar los orines.
La ordenanza municipal incluye la prohibición de que los perros hagan sus necesidades en espacios infantiles como parques y también la designación de la cala de Bens como playa canina durante todo el año. El arenal fue acondicionado por Medio Ambiente debido a las quejas de los propietarios de perros que señalaban que estaba sucia, pero esa misma suciedad se ve en las esquinas manchadas de orina. La ley, si no se aplica, se convierte en papel mojado.
