El fenómeno de la okupación ha cambiado a lo largo de los últimos tiempos. El foco se ha desplazado desde los okupas clásicos, sujetos que aprovechan que un edificio o un piso estaba vacío para colarse en su interior y apropiarse de él, a los llamados ‘inquiokupas’. Este término pasa a designar a los inquilinos que deciden no pagar la renta durante años pero permanecen en la vivienda durante mucho tiempo, a veces años, hasta que se produce el desalojo forzoso por parte de las autoridades. Solo en los nueve primeros meses de 2024 se recibieron 257 solicitudes de desalojo. Es decir, casi uno al día.

La cifra es algo menor a la del año pasado, cuando se efectuaba un lanzamiento (o sea, un desahucio al que acuden los representantes del juzgado acompañados de la Policía Nacional) cada 30 horas. Hay que tener en cuenta que estos son datos del Servicio Común de Notificaciones y Embargos y referentes al partido judicial, que no solo abarca la ciudad de A Coruña, sino también  Arteixo, Cambre, Carral, Oleiros y Culleredo.

Los arrendadores han formado su propia asociación, Aprovij, con dos coruñesas entre sus fundadores

A esto hay que añadir que los juzgados entraron en 2024 con 69 casos pendientes y que se recibieron 255 a lo largo del año. Esto hace un total de 324 casos, pero solo llegaron a cumplirse positivamente 168. El resto, 89, se rechazaron por una razón u otra, y quedaron pendientes otros 67, que deberían solucionarse en el ultimo trimestre de este año. Es decir, que el 27% de estas peticiones de desalojo no llegan a buen término.

Hay que tener en cuenta que, además de lanzamientos propiamente dichos, estos datos del Servicio Común también incluyen embargos, pero estos son marginales: apenas cinco, lo que da fe de la buena marcha de la economía, por lo menos en este sentido. El año pasado, fueron 17 embargos en total en todo el partido judicial.

Evolución  

Hay que tener en cuenta que el número de desahucios ha caído mucho en los últimos años, aunque se mantiene por encima de las cifras precrisis. En 2008, en el partido judicial de A Coruña, se habían recibido 103 solicitudes de desahucio y se habían cumplido 73. Pero la cifra fue subiendo, año tras año, hasta llegar a los 505 de 2019. Aquello fue un punto de inflexión, porque 2020 fue el año del estallido del covid y de las medidas extraordinarias contenidas en la famosa ley 11/2020, que impedían desahuciar a cualquier persona vulnerable de sus hogares. A partir de ahí, los números de los desahucios comenzaron a descender rápidamente hasta llegar a los niveles actuales, mucho más bajos, aunque no tanto como antes de 2008.

Para que una persona se considere vulnerable debe tener unos ingresos por debajo del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) cobrar menos de 1.613 euros, límite que se aumenta si se tiene hijos al cargo, que la vivienda sea monoparental, si alguno de los miembros de la familia padece alguna discapacidad grave, o si es víctima de violencia de género. Como la renta media per cápita coruñesa es de 14.970 euros, siempre según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mucha gente puede acogerse a esta figura.

Desokupación

Francisco Fernández, gerente de la empresa Desokupa 24 horas, es terminante con este tema: “Si tienen una sentencia del juez que les declara vulnerables, yo no cojo el caso. Podría ir detenido.  Alguna vez, el cliente me ha mentido y no me lo ha dicho”. Empresas como la suya han ido apareciendo, creciendo y multiplicándose al calor de este fenómeno de los morosos, y es un sector todavía en alza. “El 93% de los casos que atendemos se deben a inquilinos morosos”, afirma.

Fernández estima que el año pasado en la provincia de A Coruña se abrieron 2.000 expedientes. Su empresa trabaja por varios puntos de España, con oficinas en Madrid, Zaragoza y Málaga.  La lentitud judicial, causada por el alto número de casos y otros factores, como la huelga de abogados de oficio, ha provocado que algunos caseros desesperados recurran a empresas como la suya, esperando un final rápido a un calvario judicial que se prolonga durante años.

Las empresas de desokupación se encargan actualmente de tratar con  inquilinos morosos

“Solo el procedimiento judicial de dos o tres años. Tengo clientes que han iniciado los trámites judiciales en 2020 y todavía no ha salido el juicio”, explica. Sin embargo, el gerente de Desokupa 24 horas afirma que la mayoría de los morosos en A Coruña se hallan en una situación precaria.

Hay situaciones en las que el inquilino no tenía intención de pagar. Después del primer mes, simplemente no abona la renta. Esto ha ocurrido en A Coruña no solo en viviendas, sino incluso en locales. Pero lo habitual es que el moroso sea una persona que ha perdido el trabajo. Fernández se muestra comprensivo a ese respecto: “Lo primero es comer”. Pero al mismo tiempo reconoce que el fenómeno de la morosidad va en aumento. En parte, porque los precios del alquiler no dejan de subir, pero también porque el inquilino sabe que está protegido por la ley. “La gente está asesorada, sabe que si pones una demanda tarda en admitirse a trámite”.

Asociación de caseros

Es por eso que los caseros, desesperados, han decidido unirse en una asociación que defienda también sus intereses. Así ha nacido Aprovij, en la que dos de sus fundadoras, las coruñesas Lucía Ares y Pilar Pérez, tratan de luchar contra la inseguridad jurídica que afecta a los caseros.

Temen que se vuelva a prorrogar la ley transitoria que impide desahuciar a los inquilinos vulnerables, como ya ha ocurrido en anteriores ocasiones. Aunque están de acuerdo en que las personas vulnerables deben ser protegidas, critican que sean los particulares los que se hagan cargo. “Es una barbaridad. ¿Por qué los inquilinos van a tener más derechos que nosotros si somos ciudadanos del mismo país?”, se pregunta Ares. Algunos de los caseros son gente también con problemas, incluso en situación vulnerable, para los que la ley no parece regir.

Rosa Romero CASERA AFECTADA “Estamos pendientes de lanzamiento desde hace mucho tiempo”

“Todo empezó hace más de cinco años, se instaló en nuestro piso de la calle Marconi con sus tres hijos. Pasado un tiempo, le dijimos que no le íbamos a renovar porque daba problemas. Hacía mucho ruido y otros inquilinos se habían ido por culpa de ella. Pero por el covid no los podíamos echar, así que le dijimos, ‘Te quedas un año más y hablamos’. Cuando pasó el plazo, le envié un burofax conforme se tenía que ir de la casa. Dijo que se quería ir en abril de 2021, pero llegó junio de 2021, que era cuando le vencía el contrato, y dijo que no quería marcharse y dejó de pagar. Le metí proceso de desahucio por incumplimiento de contrato, pero ya no me volvió a pagar nunca más. Denuncié, pero por medio hubo varias huelgas de letrados. Además, ella recurrió y pidió justicia gratuita. Aunque gané la sentencia, tuve que pasar por otros tres jueces. Ahora estamos pendientes de lanzamiento desde hace mucho tiempo, pero no acaba de salir. Todo es por culpa de esa ley, la 11/2020, los caseros estamos hundidos. Dice que son personas vulnerables pero se trata de una persona sana, que ha participado incluso en carreras de triales y que puede trabajar, incluso ha encadenado varios contratos temporales y dice que por tener un menor de 16 años no puede conciliar, pero se ha sacado una FP; además, el marido le pasa una pensión”.

Lucía Ares CASERA AFECTADA “En la Xunta me dicen que me pagarán cuando se vaya la inquilina”

“Esta chica entró en mi vivienda en la avenida de Vilaboa, en Culleredo, en septiembre de 2019, y los primeros meses pagaba regularmente, después con retraso, excusas, pero iba pagando aunque fuese tarde, hasta febrero de 2022. Entiendo que se debió de enterar del decreto 11/2020. Tiene dos hijos, y en la sentencia, que acredita Servicios Sociales, dice que está cobrando la prestación de desempleo y que está incursa en una denuncia de violencia de género. En su momento, cuando dejó de pagarme, presenté la pertinente denuncia; cuando le dieron a ellos la vulnerabilidad, el juicio quedó suspendido, desde abril de 2022. Unos meses después de que mandara este informe yo iba casualmente en coche y de otro coche se bajaron ella y su pareja, con una tarta. He mandado requerimientos de que se revise la situación de vulnerabilidad, porque sus hijos van a un colegio y en su Instagram sale haciendo viajes y con perfumes de alta gama. Me parece correcto que se asista a personas que se hallan en situación de vulnerabilidad, pero no se justifica lo suficiente y no se revisa a futuro. Yo pedí al juez que lo hiciera y me dijo que no lo contempla la ley. Ya me debe 18.000 euros. La ley dice que hay que indemnizar a los propietarios pero el trámite es larguísimo, y me dicen que ya me pagarán cuando se vaya la inquilina”.