Tras la charla del juez Alejandro Abascal en la tercera edición del Foro Ideal, celebrada esta tarde, se realizó un ronda de preguntas.

¿No debería ser sencillo cubrir las vacantes en Justicia? ¿Y no debería elegirse a los mejores?

El problema es que hay un mal ejemplo en Galicia, que tiene unos juristas extraordinarios. Pero cuando
tienes que hacer 135 nombramientos, el tema es más complicado. En cualquier caso, yo pertenezco a la Asociación Profesional de la Magistratura, que es un grupo de vocales que propuso a cuatro candidatos, que no siempre son de tu misma sensibilidad. Fíjese si creo  yo en la excelencia. Es más: nosotros tomamos la iniciativa de elegir a la actual presidenta (Isabel Perelló). Mi intención no es responder a ideologías o asociaciones, sino a la excelencia, y ya lo hemos demostrado con las propuestas que hicimos y apoyamos. Y los últimos nombramientos y acuerdos en el CGPJ ya han obedecido a eso, se han hecho por unanimidad, porque creo que ya está impregnando esa decisión real de que el octavo mandato del Consejo rompa con determinadas dinámicas. Y creo que lo estamos consiguiendo.

¿Puede el CGPJ disipar las tormentas judiciales? ¿Está garantizada la separación de poderes?

La separación de poderes por nuestra parte es absoluta. No existe injerencia por parte del poder político en nuestras resoluciones. Los jueces tienen que tener sus pensamientos y reflexiones, pero eso no nos afecta en las sentencias. Lo que nos guía es la prueba, la ley, el análisis crítico. Pero hay un problema real con lo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Los jueces estamos sujetos a las críticas, pero hay una frontera entre la crítica y el desprestigio: las valoraciones han de hacerse desde un clima de respeto mutuo. Cuando es otro poder del Estado el que critica sin contención, lo que hace es mermar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Yo creo que hay que exigir una cierta contención a los otros poderes del Estado a la hora de hablar de las sentencias. Por eso tenemos la voluntad de mandar el mensaje claro a la sociedad de que hemos venido a regenerar el sistema.

¿Cómo ve usted la pretensión de rebajar las penas a los condenados por los delitos de ETA?

Yo no estoy de acuerdo con la ley. Yo creo que el Tribunal Supremo, en un pleno de La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ya lo interpretó, y eso fue confirmado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego yo creo que la legislación española ya ha dado respuesta a la legislación europea. Por lo que la decisión de la tramitación de esta norma es una decisión de carácter político, y por lo tanto yo no la voy a valorar.  Porque igual que pido contención a los políticos con los jueces, me contendré yo también. Si se me pregunta en abstracto, desde el punto de vista jurídico, yo no la comparto. Pero insisto: somos jueces, no legisladores. Y el legislador en cada momento puede decidir cambiar una norma en un sentido o en otro. Me parece que es un tema interesante, y veremos qué sucede en el futuro. Ahora lo que se está investigando, desde que Francia comenzó en 2019 a compartir más información, es la responsabilidad de las cúpulas de ETA, y se está trabajando con testigos protegidos, miembros de la banda que ya colaboran con la Justicia. Eso yo creo que es un mensaje esperanzador para la justicia con las víctimas, y también para la ciudadanía: para que sepan de verdad qué sucedió aquellos años.