Los propietarios de pisos de uso turístico lo tienen claro: la ordenanza municipal que busca regular este tipo de inmuebles “es una de las más restrictivas de España”. La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) y propietarios afectados presentaron alegaciones a la norma, cuyo periodo de información pública concluyó el pasado viernes. “El Ayuntamiento se atribuye competencias estatales en materia de propiedad horizontal e intenta innovar en la ordenación de actividades turísticas, cuya regulación corresponde exclusivamente a la Xunta de Galicia”, señalan fuentes de la asociación.

Estos denuncian varios puntos de la normativa. Lo primero, que “reproduce literalmente párrafos enteros de otras disposiciones de rango superior, vulnerando el principio de jerarquía normativa”. Otro de los aspectos más preocupantes para los propietarios es que la nueva regulación “ignora por completo los derechos adquiridos de quienes cuentan con registro turístico oficial desde 2017 y cumplen escrupulosamente con todas las normativas vigentes, tanto estatales como autonómicas”. Por ello, dicen, la ordenanza “lejos de resolver los problemas, podría agravarlos”.

Con la nueva regulación, los pisos turísticos estarán permitidos en bajos, primeras plantas o edificios destinados de forma exclusiva a esta actividad. Además, no podrán estar situados en una planta superior a una vivienda de uso residencial. Todo ello de acuerdo con los usos turísticos admisibles en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Ante esto, desde Aviturga advierten de que “incentivará a inversores y propietarios a transformar inmuebles actualmente dedicados al alquiler convencional en bloques exclusivos para turistas, tensionando aún más el mercado inmobiliario local”, situación que “perjudicará especialmente a los inquilinos más vulnerables”.

Requisitos

Los cálculos de la asociación apuntan a que aproximadamente el 80% de las viviendas turísticas actuales “no cumplirían con los requisitos establecidos en la nueva ordenanza, una de las más restrictivas de España”. En este apartado es donde ponen la vista en ciudades de España como Cádiz, San Sebastián, Bilbao o Toledo, que están aprobando “normativas que respetan el principio básico de irretroactividad y adaptan sus planes urbanísticos a la realidad actual”. 

Otro punto controvertido para Aviturga es “la prohibición de los usos mixtos, impidiendo que viviendas alquiladas a estudiantes durante el curso académico puedan destinarse a turistas en verano, lo que supone una restricción injustificada e incomprensible de la capacidad alojativa de la ciudad en temporada estival, limitando las posibilidades de que familias enteras visiten A Coruña”. El problema de fondo, según la asociación, es que el Ayuntamiento intenta evitar la modificación de una normativa urbanística “obsoleta” mediante una ordenanza que “no se ajusta a la realidad de la ciudad y que fue elaborada sin considerar que las viviendas de uso turístico fueron reguladas por primera vez en 2017”. 

Por todo, y a través de las alegaciones que han presentado durante el periodo de información pública, Aviturga confía en que “el Gobierno local reconsidere su postura antes de la aprobación definitiva de la ordenanza y establezca un diálogo constructivo con los propietarios para encontrar soluciones que garanticen la seguridad jurídica y el desarrollo sostenible del sector turístico en la ciudad”.