La ciudad dio ayer un nuevo paso para decidir el futuro de su litoral con la firma de un protocolo. Bajo el nombre de Coruña Marítima, se ha firmado una nueva declaración de intenciones. Todas las partes interesadas (Xunta, Ayuntamiento, Gobierno, Adif, Puertos del Estado y Autoridad Portuaria) están de acuerdo en que el proceso de abrir los muelles a la ciudad debe avanzar, que el terreno debe seguir siendo público. Pero también se debe pagar la deuda millonaria que el Puerto contrajo al construir Punta Langosteira. Se hará mediante la mayor “operación urbanística” de la historia de la ciudad, como la denominó el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. Y una de las claves será la terminal ferroviaria de San Diego.

1 Un espacio integrado en el borde la trama urbana 

En el documento que se firmó ayer se recuerda que se abre una “etapa fructífera” en la que debe jugar un papel “los espacios ferroviarios de la terminal de San Diego”. Este espacio se encuentra junto a la malla urbana de la ciudad, recorrido por la avenida del Ejército, desde San Diego a la Casa del Mar. Son nada menos de 123.436 metros cuadrados en pleno centro de la ciudad.  
 

Esto ya figuraba en los convenios de 2004. Este documento preveía sufragar la inversión millonaria del Puerto Exterior con la venta de los muelles de la ciudad para construir en ellos viviendas. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria lo frenó todo y hoy en día existe el consenso de que se ha superado el convenio. 
 

2 No se menciona la condonación de la deuda 

Sin embargo, persiste el problema de la deuda. En el documento no se habla de condonación, que es lo que exige el Ayuntamiento, como ha ocurrido en ejemplos parecidos, como el de Valencia. El Gobierno central habla de reestructuración, lo que sin duda aliviará la presión sobre el Puerto, cuyos ingresos ordinarios no son suficientes para devolver los 286 millones de euros. El protocolo firmado ayer recuerda que en 2011 Autoridad Portuaria y Puertos del Estado (su acreedora) firmaron un convenio de normalización financiera en la que se recoge la necesidad de “obtener recursos económicos procedentes de la enajenación de activos”. Es decir, de la venta de terrenos. 
 

También se recuerda que, en los últimos años, se ha votado en varias sesiones del pleno municipal mociones a favor de la titularidad pública de los espacios como principio rector básico, de forma compatible con la necesidad de obtener recursos. Esta doble necesidad está reflejada también en el nuevo protocolo, lo que lleva de nuevo al muelle petrolero y a la terminal ferroviaria de San Diego. 

3 La doble necesidad del disfrute y de recursos

Los muelles de Batería y Calvo Sotelo ya están abiertos al público, como recordó el presidente de la Autoridad Portuaria. En realidad, el 25% de los terrenos portuarios ya lo está. En los muelles se han celebrado actividades culturales como exposiciones y conciertos, que han tenido un gran éxito entre el público “Lo que aconseja que sobre los mismos se habiliten usos compatibles con el disfrute ciudadano, dada su centralidad”.
 

Pero San Diego es otra cuestión. Estos terrenos se emplearán para pagar la deuda. Así se desprende del párrafo donde se señala “la doble necesidad de generar un espacio urbano moderno y sostenible con la generación de recursos económicos por parte de la Autoridad Portuaria”. Y en el plan de original de 2004 ya se contemplaba el traslado de la terminal de mercancías de San Diego (probablemente a Vío).  
 

Otro punto importante es que este traslado debe hacerse “procurando fórmulas que garanticen la autosuficiencia financiera”. Es decir, que el traslado de la terminal de mercancías, sea a Vío o a cualquier otro punto de A Coruña, tendrá que costearse por sí sola, sin que el Adif tenga que invertir fondos propios. Es decir, que los fondos provendrán de una operación inmobiliaria. 

4 Una comisión y convenios propios para cada zona 

Para llevar a cabo el proyecto de Coruña Marítima, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria designará una comisión del mismo nombre que se encargará de seguir el asesoramiento, el análisis y la propuestas de las medidas que se consideren oportunas. La alcaldesa, Inés Rey, será la presidenta de esta comisión, dado que será el Ayuntamiento quien “lidere” el proceso, como recalcó la regidora durante su intervención. 
 

En la comisión figurarán todas las administraciones firmantes del protocolo, así como los grupos políticos con representación en la Corporación municipal. Entre todos decidirán la aplicación del protocolo que afecta a las siete zonas en las que se divide el puerto, desde el dique de abrigo hasta la dársena de Oza. Cada parte se desarrollará por separado mediante la fórmula de convenios específicos, muelle a muelle