La Autoridad Portuaria de A Coruña ha formalizado su inscripción en el registro oficial de entidades operadoras de drones, de acuerdo con la normativa española y comunitaria, que en España regula la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).

El Puerto sigue incorporando así los drones a los medios materiales de los que dispone para ámbitos tan diversos como mejorar la seguridad de las personas, la vigilancia de las zonas terrestres y la lámina de agua, el control de maniobras portuarias, la supervisión del estado de las infraestructuras o la actuación ante posibles incidencias de carácter medioambiental, entre otras funciones.

La Autoridad Portuaria tiene en marcha la adquisición de seis aparatos, que serán utilizados tanto en el puerto interior como en la dársena exterior. El presupuesto se ha fijado en un total de 75.000 euros y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo martes, 10 de septiembre. Se prevé por tanto que los drones puedan entrar en servicio antes de que finalice este año.

La Autoridad Portuaria había contratado a Senasa un servicio de apoyo para definir los modelos de dron más adecuados para su uso en los espacios portuarios, así como toda la documentación necesaria para su puesta en servicio. Con esta información, se ha optado por adquirir seis drones, de tres modelos diferentes, explican fuente portuarias.

La incorporación de los drones se complementará por parte de la Autoridad Portuaria con la formación del personal que los utilizará y con la publicación de un documento de prescripciones para la autorización de vuelos de dron que sean solicitados por parte de terceros en los espacios portuarios, con el fin de asegurar tanto una operación segura como el cumplimiento de la legislación vigente que resulta de aplicación.  

En el ámbito de los drones, el Centro Tecnológico ITG desplegará además en Langosteira la primera estación de drones autónomos con aplicación a infraestructuras estratégicas. El objetivo es testar y demostrar el potencial de esta tecnología de cara a sus usos en puertos y otras infraestructuras, tanto por parte de instituciones públicas como de empresas privadas.