El Ayuntamiento concederá esta misma semana licencias para tres nuevos edificios en el barrio de Eirís, concretamente, en el entorno del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac). Serán, explica el Gobierno local, hasta 111 viviendas, lo que supone “una de las promociones más grandes de los últimos años”.

La empresa Promocións Casabriz recibirá estos días el permiso para levantar tres inmuebles –de bajo y cuatro alturas y bajo y seis alturas– en las fincas situadas en la parte inferior del aparcamiento privado del hospital, donde puede verse un cartel de la promoción. Según el Ejecutivo de Inés Rey, la inversión ascenderá a 5,7 millones de euros.

La actuación urbanística en la zona del hospital se publicita con reclamos como las vistas al mar, “céntrica situación” y comodidades como piscina o área de juegos infantiles. Serán pisos de una, dos y tres habitaciones con garaje, trastero y terraza.

Plan inmobiliario

Con este tipo de actuaciones el Ayuntamiento trabaja para mejorar la situación del mercado inmobiliario local. El portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage Tuñas, aseguró en uno de los últimos plenos que su equipo tenía en marcha un plan de vivienda en la ciudad para crear más de 4.000 nuevas viviendas entre 2024 y 2030, 1.100 de ellas de protección oficial. 

Respondiendo a una pregunta lanzada por el BNG sobre la situación del mercado en A Coruña, Tuñas reconoció el “grave problema” de la ciudad en esta materia: “Temos pouco mercado de alugueiro e cada vez máis caro, os únicos que negan iso gobernan Galicia e son eles os que teñen competencias en materia de vivenda. En 14 anos que levan no poder cantas vivendas en réxime de alquiler construíron? Un cero coma unha catedral; a ver se vamos ter que facer todo desde a competencia municipal”, espetó el pasado octubre Lage, quien ensalzó iniciativas como el plan local de rehabilitación de edificios con subasta forzosa.

Y es que el Gobierno local ya presentó este año su solicitud a la Xunta para que declarase A Coruña como mercado tensionado de vivienda, lo que permitiría poner tope a los precios, pero el Ejecutivo autonómico advirtió de que la medida podría tener un efecto contrario al deseado “coa reducción da oferta de vivenda en alugueiro e o traspaso das mesmas ao mercado turístico”, además de acusar a la alcaldesa y su equipo de no justificar debidamente la petición con “estudios previos”.

Sobre la negativa de la Xunta, Inés Rey argumentó recientemente que el precio medio del alquiler ronda los 600 euros y que hay “2.305 personas anotadas como demandantes de vivienda  pública”. Además, destacó la “nula aportación en materia de vivienda” en el proyecto de presupuestos de la Xunta, “pero entendiendo que para ellos no es un problema, pues también se entiende que no destinen ninguna partida presupuestaria a algo que no es un problema”, ironizó.