La Junta de Gobierno local de A Coruña aprobó este miércoles el proyecto de ejecución de un nuevo edificio de cincuenta viviendas de promoción pública en el barrio de Xuxán, que también incluirá locales comerciales y sótanos con garajes. La iniciativa, incluida en los Presupuestos de 2024, sigue la línea que "caracteriza este mandado", la de "impulsar la vivienda pública", dijo la regidora. "No es una competencia propia, pero con nuestros recursos intentaremos paliar la ausencia de inversión suficiente por parte de quien sí tiene estas competencias -en referencia a la Xunta- y no invierte en la ciudad", añadió Rey.
El nuevo edificio se ubicará en la parcela Z-37, un solar de titularidad municipal que está situado entre las calles de Longarela y Cernadas, con una superficie de casi 7.000 metros cuadrados. Esta parcela, recordó la alcaldesa, ya cuenta con servicios urbanísticos tales como los de abastecimiento de agua potable, evacuación de aguas residuales a la red separativa de saneamiento y suministro de energía eléctrica. Todo esto, dijo, "acorta el camino hacia el acceso final a las viviendas", indicó.
La distribución del edificio será la siguiente: habrá tres sótanos bajo rasante, destinados a garajes y trasteros; una planta baja, donde habrá espacios de uso común y cuatro locales comerciales; cinco alturas para uso residencial; y una cubierta en la que se proyectó una zona verde. De las 50 viviendas nuevas, diez serán adaptadas. El mínimo legal estipula que de los 50 pisos, dos tienen que cumplir los requisitos necesarios para que puedan ser habitados por personas con movilidad reducida. "Nuestro Gobierno va a hacer diez, cinco veces más del mínimo estipulado".
Entre los tres sótanos bajo rasante se crearán 104 plazas de aparcamiento para automóviles, de las que un total de doce serán adaptadas, dos más de las exigidas por la normativa vigente. Habrá catorce plazas de estacionamiento para motos y también espacios para patinetes eléctricos. Medio centenar de plazas contarán, a su vez, con carga para vehículos eléctricos.
El siguiente paso es la licitación de las obras. Una vez estén adjudicadas, el plazo de ejecución será de 24 meses. El presupuesto del Ayuntamiento es de 10,2 millones de euros, de los que 2,4 proceden de fondos Next Generation. "La vivienda es un derecho constitucional y es un problema también para muchas personas que no pueden pagarla. Por eso, este Gobierno apuesta por la promoción en alquiler social de vivienda pública", concretó la alcaldesa.