El Ayuntamiento ha decidido dar un nuevo paso adelante para combatir el que podría ser el problema más grave que afrontan los coruñeses hoy en día: la crisis de la vivienda. Para ello, ha movilizado dos tercios del suelo urbanizable de propiedad municipal donde se construirán, en los próximos años, 300 viviendas públicas, en localizaciones que van desde Los Rosales a Pedralonga.

La alcaldesa, Inés Rey, anunció esta medida recién salida de la Junta de Gobierno local donde se había aprobado los pliegos de condiciones del concurso público para varias parcelas. Junto a ella estaba el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, que entró por lo menudo en el asunto, explicando que tres de las parcelas se encuentran en Xuxán, tanto de vivienda protegida como de vivienda libre, destinadas a cooperativas y promotoras.

El procedimiento es el siguiente: la promotora que gane el concurso construye el edificio y luego alquila los pisos a un precio previamente fijado por el Ayuntamiento, que recibe un canon anual.  Al cabo de 50 años, la propiedad retornará a manos municipales. “Consideramos que é moi positivo porque a propiedade do solo segue a ser do Concello”, comentó el edil de Urbanismo.  Además, se aumenta la oferta de vivienda en alquiler “a precios razoables” y se considera, a todos los efectos, vivienda municipal.

En Xuxán

En el antiguo Parque Ofimático se construirán tres bloques de pisos que sumarán 180 viviendas. A esto hay que añadir el otro edificio de 50 en la parcela Z-37. La construcción se adjudicó a la empresa Citanias en octubre, las obras comenzaron el miércoles y tardará dos años en completarse. Su presupuesto es de 10,2 millones de euros, y es fruto, no tanto de una política municipal de vivienda, como de un acuerdo al que llegó el Ayuntamiento con el demandante del caso del edificio Conde de Fenosa, para evitar que el juez lo derribara por considerar que la licencia para su reforma había sido concedida de forma ilegal por el Gobierno socialista de Francisco Vázquez.

El edil de Urbanismo recordó que está finalizando otro edificio, esta vez una rehabilitación, en el cruce de Marqués de Pontejos con San Nicolás, que albergará cinco pisos en pleno centro de la ciudad. Todo sumado, permitirá aumentar en un 50% el parque público municipal.

Colaboración

A esto hay que añadir cuatro parcelas que el Ayuntamiento entrega al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para que construya edificios, siempre en régimen de alquiler, lo que la alcaldesa considera un buen ejemplo de colaboración administrativa: “Hai que facer unha política de acordos co tema, lonxe das liortas sobre competencias”. Se trata de cuatro solares, ubicados en lugares muy separados entre sí: Los Rosales,  Porticada (Ensanche) y dos en Pedro Fernández, muy cerca de la Fábrica de Armas (ahora Ciudad de las TIC). Todo junto suma una tercera parte del suelo municipal disponible.

No se trata del primer ejemplo de colaboración entre Xunta y Ayuntamiento en materia de Gobierno. El más importante es el desarrollo del polígono de Monte Mero, un terreno ubicado entre Xuxán y la Fábrica de Armas y Alfonso Molina. El Gobierno autonómico anunció su desarrollo en noviembre, después de una consulta al Gobierno local sobre qué polígono de A Coruña presentaba más facilidades para el desarrollo. Monte Mero, ubicado junto al principal acceso a la ciudad, lejos del litoral (con lo que no tenía que vérselas con Demarcación de Costas, como ocurre en el caso de O Portiño) o de la refinería (es el caso de Penamoa), era la elección ideal.

Ese mismo mes, el IGVS licitó la redacción de varios proyectos de Interés Autonómicos (PIA), incluido el de Monte Mero, que permitirá construir 4.310 viviendas en torno a un gran parque de forma acelerada, en vez de esperar años, e incluso décadas, como ha ocurrido en otros desarrollos.

Otro ejemplo de colaboración interadministrativa es Xuxán. El IGVS está agotando el suelo público en ese polígono, que antiguamente iba a acoger oficinas, de ahí el nombre Parque Ofimático. Sin embargo, queda el espacio reservado para uso terciario (servicios) que puede convertirse en uso primario (vivienda) si se modifica el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM).

A finales del mes pasado, la Xunta aprobó el estudio de impacto ambiental, paso previo a la modificación del PGOM. Ya solo falta la aprobación en el pleno para que se puedan construir en el barrio más pujante de A Coruña otras 520 viviendas protegidas más.

Pero en otros casos, la colaboración entre ambas administraciones no ha sido tan fructífera. El mejor ejemplo es el caso de la declaración de zona de mercado residencial tensionado. El Ayuntamiento (presionado por el BNG), quiere implantar esta medida, que permitirá limitar el precio del alquiler en algunos casos, mientras que la Xunta considera que no tendrá ningún efecto. Por lo menos, positivo.

Pero el 31 de enero, el Gobierno local presentó un estudio que acreditaba que la ciudad cumplía los requisitos. La Ley de Vivienda señala que, para que una urbe sea declarada zona de mercado residencial tensionado, tienen que darse dos casos: que el coste de la hipoteca o alquiler, sumados los gastos, sea superior al 30% de la renta media de los hogares, y que el precio de la compra o alquiler experimentase un incremento superior al 3% del IPC en los últimos 5 años. Y así es: la urbe cumple con los criterios en un 50% de los diez distritos censales y en un 70% de las 186 secciones. El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señaló que cumplirán la ley y tramitarán la petición, de manera que es solo cuestión de tiempo.

Otro caso en disputa es la ordenanza de Viviendas de Uso Turístico (VUT), cuya aprobación inicial se realizó el jueves, en el mismo pleno de los presupuestos, también presionado por el BNG, cuyos votos necesita porque gobierna en minoría. Como señaló el concejal de Urbanismo, la Xunta se limitó a inscribir los VUT sin pedir ninguna autorización municipal. Esto ha llevado a que, en opinión del Gobierno local, A Coruña esté saturada de este tipo de negocios.

Ahora se ha abierto el periodo de alegaciones, así que durante las siguientes dos semanas, la Concejalía de Urbanismo recibirá numerosas aportaciones de fuentes como Aviturga pero cuando se apruebe finalmente supondrá el cierre del 50% de los pisos, unos 700. A partir de entonces, solo se podrán abrir viviendas turísticas en bajos o en edificios dedicados a este propósito. Rey fue muy clara: “Seguimos activando todas as ferramentas para aliviar a dificultade para atopar unha vivenda. Os cidadáns están agardando unha resposta”.