Las negociaciones entre la concesionaria de recogida de basura, Prezero, y el comité de empresa, parecen haber llegado a un punto muerto el martes, justo cuando estaban a punto de llegar a un acuerdo. El presidente del comité, Alfonso Seijo, declaró que el conflicto se puede acabar de inmediato y la ciudad estaría libre de basura en dos o tres días si firman lo que ya se había acordado. “Si no, será una huelga de verdad”, advirtió. Queda por resolver el problema de las sanciones durante el conflicto laboral y, aunque no se diga oficialmente, el más espinoso asunto de las contrataciones.

 
Seijo repitió que la empresa incumple el contrato en lo que se refiere a personal y que condicionó la retirada d desperdicios a contar con suficientes medios. En una comparecencia pública explicó por lo menudo lo que ya había avanzado el día anterior: los trabajadores habían renunciado de momento a la subida salarial del 1% (que figura en el convenio) a cambio de otras mejoras en las categorías profesionales y en el procedimiento para hacer fijo a los eventuales. Es aquí donde estriba el problema: fuentes próximas a la empresa aseguran que intentan introducir en el protocolo para pasar de eventual a fijo una cláusula que alude a la “idoneidad” del candidato como criterio como figura en el convenio. De esta manera, la concesionaria sería quien tendría la última palabra. Por su parte, STL quiere que tres personas pasen a ser fijas, y también se remite al convenio. 
 

Sanciones 

El otro quid de la cuestión estriba en las sanciones: desde que empezó el conflicto laboral, incluso en los días en los que no había programado un paro, Prezero ha estado tramitando propuestas de sanciones por bajo rendimiento, alegando que no se recoge las mismas cantidades de basura que en una jornada normal, algo que STL niega. Hasta el momento. La empresa ha abierto un total de 88 expedientes disciplinarios desde que comenzó la huelga, 3 de ellos a miembros del comité de empresa, y ha comunicado un total de 16 sanciones. 
 

Según el portavoz sindical, lo que ocurre es que para cumplir con los turnos los basureros están acostumbrados a saltarse los semáforos y a sobrecargar los camiones. Ahora no lo hacen, cumpliendo la normativa de seguridad vial de la propia empresa, recalca Seijo, que  asegura que se ha llegado a sancionar por motivos tan nimios como equivocarse al escribir una dirección en el registro.
 

Ahora, para que termine el conflicto, el comité de empresa exige que se retiren todas las sanciones. Es algo en lo que Prezero no está dispuesto a ceder porque teme que ocurra lo mismo que en marzo de 2022, cuando, tras unas   semanas muy tensas en las que llegaron a arder varios camiones de basura que se hallaban en ruta, se retiraron todos los expedientes que se habían abierto. Pero en el mismo año comenzaron nuevos conflictos. Por eso se reserva esta baza.  
 

Los dos se acusan mutuamente de sabotear las conversaciones. “Después de doce horas de negociación, la empresa nos viene con que no se hará con los eventuales”, denuncia Seijo, que considera que el motivo de la concesionaria para no cerrar la negociación es simple: “Quiere más dinero del Ayuntamiento”. Lo cierto se que la situación de Prezero es delicada. Una sentencia del TSXG de enero de este mismo año anulaba su concesión. Otra empresa que optaba al mismo contrato, Valoriza, había presentado una demanda porque la oferta era inválida. Es decir, no cumplía las condiciones del pliego porque no ofrecía una parcela adecuada para la prestación del servicio. Desde entonces, la concesión de basura se ha prestado en precario. 
 

También la planta de reciclaje 

No es un caso único: La concesión de la planta de reciclaje de Albada, caducó en diciembre de 2019, pero sigue funcionado. Es más, la plantilla de Albada también ha anunciado una huelga, que comenzará mañana, y también por problemas salariales. Alegan, entre otras cosas, inseguridad laboral, con doce accidentes (ninguno grave) este año, sueldos congelados e incertidumbre del futuro. 
 

No solo porque no se ha licitado una nueva concesión en cuatro años, sino también porque no se ha renovado el convenio de Ecoembes. Esta entidad, que agrupa a los principales fabricantes de envases, paga nueve millones de euros por su recuperación y de esa cantidad se entrega la paga de productividad de los trabajadores. 
 

Pero existe una diferencia: el comité de empresa de Albada está controlada por la CIG y el de Prezero, por STL. Este sindicato sufrió un duro golpe a su credibilidad después de que en febrero de 2023, su secretario general, Miguel Ángel Sánchez Fuentes, fuera detenido como sospechoso de un delito de corrupción en la concesionaria de limpieza vial, donde habría conseguido trabajo a varias personas a cambio de una cuota.  Es por eso que desde el Ayuntamiento se entiende esta huelga como un “chantaje”.