Durante una intervención pública en el palacio municipal, la alcaldesa, Inés Rey, recordó que ayer se habían reconocido dos sentencias judiciales que confirmaban las penas impuestas por el Ayuntamiento a sendos locales de ocio nocturno. “Incumplían a normativa e as sentencias refrendan as actuacións que leva a cabo o Goberno municipal para compatibilizar o ocio nocturno co dereito ó descanso”, declaró. Ambos locales se encuentran en el Orzán. En realidad, el cierre de locales, combinado con la instalación de cámaras de vigilancia en la calle, ha rebajado al mínimo el número incidencias que registra la Policía Local. En las últimas semanas, no se ha registrado ninguna grave en esta zona.

Las cámaras de seguridad se instalaron a mediados de mayo en el cruce de la calle Socorro con la de Sol un lugar del que los vecinos se quejaban recurrentemente porque no podían dormir por el escándalo formado por docenas de jóvenes de juerga. En todo este tiempo (más de un mes) el nuevo sistema de vigilancia no ha permitido detectar ningún delito. Ni siquiera una infracción, pero fuentes municipales están convencidas de su efecto disuasorio, puesto que son bien visibles desde sus báculos, a escasa altura del suelo.
 

Recursos

En cambio, sancionar a los locales que incumplen la ordenanza municipal es algo que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Las sanciones tienen lugar por múltiples razones, desde exceso de aforo hasta la manipulación de los sonómetros que regulan la música en el local. Esto es lo que ha llevado a uno de los establecimientos más conocidos, el Grietax, a su cierre temporal, nada menos que dos años. El representante legal del establecimiento ha presentado un recurso de reposición (después de haber perdido un juicio anterior) en un último intento de conseguir la reapertura. 
 

Además del cierre, la empresa recibió una sanción de 15.000 euros, más aún de la que trata de recurrir Estudio 54, en la misma calle Socorro, también por contaminación acústica. Además, el Grietax no es el único local de ocio nocturno que permanece clausurado por una intervención municipal. Los cierres, que tramita la sección de Disciplina Urbanística, solo se consiguen después de meses de continuas sanciones y un largo recorrido en el que el Ayuntamiento tiene que personarse como parte interesada en los continuos recursos que interponen los abogados de los locales denunciados. 
 

Las sanciones recurrentes terminan acumulándose y no solo acaban por provocar el cierre del local, sino también multas considerables, algunas de las cuales rondan los cien mil euros, como ocurrió a principios del año pasado con el Casino Club. Fue un proceso largo, porque la multa se había impuesto en 2017. 
 

“Tienen abogados que se conocen todos los trucos”, explican fuentes municipales. Se trata de un proceso administrativo en el que presentan recurso tras recurso, agotan todos los plazos, para llevarlo hasta sus últimas consecuencias, incluso al Tribunal Superior de Xustiza (TSXG). Cuando todo parece haber acabado, a los dueños de los locales les queda un último recurso: traspasar la titularidad. Esto obliga a empezar el proceso de nuevo, dado que el expediente siempre se refiere al propietario.
 

Esta constancia, junto con la nueva presencia de cámaras, explica que el número de intervenciones en el ocio nocturno haya caído. También lo han hecho las quejas de los vecinos, que habían protagonizado campañas denunciando la situación que soportaban con el exceso de ruido. Ahora el Orzán parece extrañamente silencioso.