El objetivo es llegar a cero, pero los insultos y agresiones contra la comunidad Lgtbi se repiten cada año. El informe ‘Ni vagas ni maleantes’ del Observatorio coruñés contra la Lgtbifobia y la Asociación por la Libertad Afectiva y Sexual (ALAS Coruña), que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, registró 68 incidentes de ocio en Galicia en 2022, 58 de ellos agresiones directas contra el colectivo, ya sean verbales o físicas.

La ciudad de A Coruña, con 32 incidentes registrados, concentra el 47% del conjunto recogido en este informe; es decir, roza la mitad de los ataques hacia la comunidad dados en Galicia. Pese al descenso de los incidentes con respecto a los números de 2021, el número de agresiones permanece constante. Los insultos suponen el 50% del total, un 18,3% más que en el informe previo. Las agresiones –que incluyen violencia física y verbal– representan el 22% de los incidentes, seguidas de los ataques al patrimonio. Ya a gran distancia se encuentra un caso de agresión sexual y otro de denegación de servicios.  

La vía pública volvió a ser el principal escenario de la Lgtbifobia y un total de 330 casos –24 menos– fueron atendidos por las asociaciones sobre diversas consultas a incidentes por parte de personas de 23 nacionalidades diferentes, ocho más que el año pasado, por lo que aumenta la diversidad de las personas que buscan atención por casos de discriminación u odio. En cuanto a los tipos de asesoramiento, la estructura es muy similar a la de 2021. Los de tipo social son los mayoritarios, seguidos por los de tipo legal, sanitario, educativo y laboral, cerrando la lista los acompañamientos que desaparecen finalizada la pandemia.  

“Tolerancia cero”

En la presentación del informe, dedicado a la activista trans fallecida en 2022, Trini Falcés, la presidenta de ALAS, Ana G. Fernández, reclamó aplicar una “tolerancia cero frente a los discursos de odio” contra las personas de identidades de género diferentes. “La ley Lgtbi estatal brinda una oportunidad única de avanzar a nivel autonómico y local en políticas que mejoren la vida de las personas del colectivo independientemente del lugar en el que residan. Pedimos a los gobiernos que tengan tolerancia cero frente a los discursos de odio y que no dejen en manos de empresas los servicios dedicados a la atención de nuestra comunidad”, dijo. Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Yoya Neira, pidió más recursos en salud mental, un ámbito “crucial”, en especial para los jóvenes. “La protección de los derechos de los menores es una de las prioridades del Ayuntamiento”, añadió.

Este informe, el quinto desde que se elabora por el Observatorio, es, en palabras de Neira, una herramienta de “gran valor” para conocer la situación del colectivo en la ciudad y un apoyo imprescindible para orientar las políticas del Ayuntamiento en este ámbito. “El leve descenso de las cifras, tanto en atención como en los incidentes de odio, resulta esperanzadora, pero no es suficiente”, señaló la concejala, quien recordó que, según los datos anuales del Ministerio del Interior, los incidentes de odio relacionados con la orientación sexual subieron un 67,6%. Esto produce una circunstancia especialmente alarmante:  el número de menores víctimas de estos incidentes subió del 6,7% del total al 11%.