Algo está cambiando en la noche coruñesa. En los últimos meses, la presencia de la Policía Nacional se ha dejado sentir con una intensidad mayor de lo normal, en una campaña que busca aumentar la seguridad en los puntos más calientes del ocio nocturno. El comisario provincial de la Policía Nacional, Carlos Gómez, que ocupó el cargo en julio del año pasado, recién llegado de Madrid, está decidido a acabar con los problemas para la seguridad que suponen el tráfico de drogas y la posesión de armas blancas en este ambiente.
El método empleado es realizar controles periódicos en dos o tres puntos por lo menos una vez al mes, apoyados por la Policía Local. Mientras que los gentes del 091 se dedican a buscar infracciones a la ley de Seguridad Ciudadana, como drogas o armas, sus compañeros del 092 se centran en el propio establecimiento, buscando infracciones en la ordenanza. Por ejemplo, un exceso de ruido o un incumplimiento del horario de cierre.
A muchos testigos les impresiona el despliegue policial que conllevan estos dispositivos. Llegan a congregarse casi diez vehículos y más de veinte agentes sumando los dos cuerpos, pero es necesario para mantener bajo control una situación que puede volverse peligrosa cuando menos lo espere uno. No hay que olvidar lo sucedido en Matogrande en la madrugada del 16 de febrero, cuando unos policías locales en un control rutinario entraron en un local y acabaron teniendo que desalojarlo cuando los clientes se volvieron hostiles y les arrojaron objetos. Cuatro agentes resultaron heridos de carácter leve.
El comisario Gómez se esfuerza en no generar alarma. “A Coruña es una zona segura, por debajo de la media de España en cuanto a índices de criminalidad. Eso quiere decir que tiene unos índices bastante aceptables y que, en general, estamos satisfechos, pero hay margen de mejora”, comenta. Aunque él mismo admite que cuanto más bajas son las cifras, más difícil es reducirlas, insiste en que “no podemos renunciar a ello”.
De ahí la campaña del ocio nocturno. Gómez es zamorano (aunque ha pasado gran parte de su carrera en Madrid) y reconoce que, cuando llegó a su nuevo puesto, le llamó la atención lo importante que es el ocio nocturno en una ciudad del tamaño de A Coruña. “Es un polo de atracción en Galicia. Los jueves, a lo mejor hay aquí entre 1.500 y 3.000 estudiantes de Santiago. El ambiente universitario se ha trasladado hasta aquí, y eso lo tenemos que tener en cuenta”. Esto ha obligado, por ejemplo, a aumentar la vigilancia también en los trenes y en los autobuses que conectan ambas ciudades y que ahora cuentan con una mayor presencia de Guías Caninos en las estaciones y en los trayectos para localizar drogas.
Gómez insiste en que no se trata de hostigar a los locales de ocio nocturno, sino de “crear espacios seguros para la protección de derechos y libertades de los ciudadanos”. Pero eso no significa que estos establecimientos, que comprenden sobre todo el Orzán, el puerto y Matogrande, no sean problemáticos. “Cuando llegué aquí, lo que vi es que había determinadas infracciones, sobre todo hurtos, lesiones, riñas, y alguna agresión sexual que se producían en determinados entornos de las zonas de ocio”, comenta el comisario, que reconoce: “Eso me llamó la atención, aunque no es que sea algo escandaloso”.
Aunque siguen siendo excepcionales, se han producido casos muy graves en el entorno del ocio nocturno. Por ejemplo, el penúltimo homicidio registrado en la ciudad, el de un joven peruano, se produjo en la madrugada del 24 de diciembre de 2023, cuando regresaba de la zona de ocio del puerto, y acabó muriendo apuñalado por un joven con el que discutió en Juan Flórez. “Estos hechos puntuales no los podemos combatir, porque dependen de las emociones, de los conflictos entre las personas, pero podemos tratar de evitar que esa gente porte armas, por eso aumentamos los controles”, añade Gómez.
Los policías son muy conscientes del peligro que suponen los cuchillos. En mayo del año pasado, durante la celebración por el ascenso del Deportivo, un agente antidisturbios fue apuñalado por un sospechoso, aunque no resultó herido. El Ministerio del Interior no ofrece cifras al respecto, pero las estadísticas de la Policía Local sí señalan que en los últimos años se han incrementando las sanciones por llevar armas prohibidas. Si en 2019 se registraron 27, el número escaló hasta 77 en 2023. En 2022, fueron 112. “Esto puede ocasionar delitos graves. Cualquier tipo de riña o pelea merece nuestra atención, pero intentamos extremar la atención para evitar que nadie porte armas en la calle”, explica el comisario provincial.
En abril del año pasado se produjo otro incidente muy grave con armas blancas, cuando un hombre apuñaló a otro hasta catorce veces frente a un local del Orzán a las seis de la madrugada. El agresor se encontraba bajo la influencia de las drogas y apuñaló al viandante porque le recriminó que hiciese ruido.
Las redadas conjuntas con las que se quieren prevenir estos incidentes no se realizan de forma aleatoria, advierte Gómez. “Normalmente, son sitios que ya conocemos por algo: quejas vecinales, informaciones de todo tipo. Hablan de que hay exceso de ruido, exceso de aforo, que hay riñas frecuentes, que puede haber consumo en el interior o cierta tolerancia con el consumo, etc ”. En función de esos factores, la Policía decide o no intervenir.
“Queremos hacerlo de forma recurrente”, añade el comisario. Pero esto exige el empleo de muchos recursos, de muchos medios materiales y humanos, de ahí que solo haya podido hacerse en colaboración con la Local. La Policía Nacional tiene un número limitado de efectivos en la calle, y juntar tanto personal le resulta difícil. “La Policía Local está haciendo una labor encomiable”, asegura Gómez.
A este respecto, fuentes de la Policía Local reconocen que el plan de ocio nocturno ha cambiado las cosas. “Los últimos jefes de la Policía Nacional son muy propensos a trabajar de forma coordinada con nosotros”, comentan. Aunque destacan que la voz cantante la lleva la Policía Nacional, es la Local la que aporta la suficiente masa crítica como para llevar a cabo los dispositivos. En parte, es gracias a que el Ayuntamiento paga horas extra, lo que le permite tener más agentes en la calle y realizar numerosos dispositivos extraordinarios.
Las redadas conjuntas están siendo mucho más eficientes que la anterior respuesta a la inseguridad en el ocio nocturno. Aunque Gómez no lo mencione, normalmente la acción no estaba coordinada, sino sujeta a las reacciones de los mandos políticos, que a su vez se movían por las protestas vecinales. Un vídeo viral en las redes sociales o una publicación en un medio de comunicación provocaba el despliegue de unidades policiales aunque no fuera la forma más eficiente de enfrentar el problema.
Hay que recordar que la seguridad ciudadana es una competencia principalmente de la Policía Nacional, aunque la Policía Local tenga el deber de asistirla. Sin embargo, muchas veces los propios vecinos demandan directamente al Gobierno local que actúe en casos de inseguridad, aumentando el número de patrullas del 092. Esto provoca que, al mismo tiempo que se insiste desde María Pita en que sea el 091 el que tiene que dar respuesta a estos problemas, trate de que sea el 092 quien lo haga para contentar a los vecinos y acallar las críticas de la oposición.
El nuevo plan de ocio nocturno que se impulsa desde la Policía Nacional permite gestionar los problemas de forma mucho más ordenada y cooperativa: delitos contra la seguridad ciudadana, unos, y contra las ordenanzas municipales, otros, siempre apoyándose mutuamente. Gómez insiste en que “no se trata de nada más que de que la gente disfrute con seguridad”.