La frase “Si bebes, no conduzcas” la conoce todo el mundo, pero no todos la siguen a rajatabla. Sin importar cuántas y cuán gráficas sean las campañas de la DGT, siempre hay algún conductor que se pone detrás del volante con algún trago de más. Es la principal causa detrás del enorme incremento de los informes de delitos contra la seguridad vial: 519 en un año, un récord absoluto, casi cuatro veces más que el año anterior.

El motivo es que la Policía Local ha incrementado de forma importante el número de controles preventivos y el resultado ha sido un incremento de alcoholemias, sobre todo penales, que se han incrementado casi un 100% en un año. Estas son las que constituyen un delito contra la seguridad vial.
 

Conviene recordar que una alcoholemia administrativa es en la que el test arroja 0,50 miligramos por litro de aire respirado o menos. Entonces el infractor es sancionado con 500 euros y la retirada de cuatro puntos de carnet. Una alcoholemia penal supone, además de un delito, una multa de mil euros y la retirada de seis puntos.
 

Hay que señalar que son los positivos en los controles los que han aumentado las estadísticas, no la de los accidentes, que se mantienen inalterables. Las penales registradas en siniestros el año pasado fueron 78, una menos que en 2021, y muchas menos que en 2019, cuando fueron 93. En cambio, se registraron 239 alcoholemias penales el año pasado y 122 en 2021. Esto no refleja un aumento del consumo de alcohol, sino más bien de la actividad policial que ha sido frenética durante el año pasado. 

En cambio, los positivos por drogas se mantienen muy estables, tanto en el caso de los accidentes (siete) como en los de los controles preventivos, que pasan de 123 a 133 en un año. Hay que señalar que no siempre se somete a un test de drogas a un conductor en un control. Lo habitual es el test de alcoholemia pero, si el resultado es negativo, y el estado del conductor parece alterado, se le somete a un ‘drogotest’. 
 

Solo en casos extremos se detiene al infractor. El año pasado fueron dos los casos (uno de ellos, una mujer) en agosto. La mayor parte se libran con una multa, y la retirada de puntos de carné. Hay que señalar que también es un delito contra la seguridad vial negarse a hacer un test.