Desde hace casi diez años, el Ayuntamiento ha delegado en la Diputación el cobro de infracciones de tráfico en A Coruña que hayan sido cometidas por conductores de los otros municipios. El acuerdo entró en vigor en mayo de 2012 con una duración de diez años. En ese tiempo, se han enviado al organismo provincial 338.910 euros, según datos de la Concejalía de Hacienda, que señalan que se ha cobrado menos del 30% (poco más de 95.000).

Eso quiere decir que han quedado pendientes 243.656 euros en distintas anualidades, según el área de la que es responsable José Manuel Lage. Sin embargo, el Ayuntamiento se propone revalidar el convenio cuando caduque, y ese es uno de los asuntos que se llevarán a la aprobación del pleno de hoy: delegar en la Diputación ala recaudación ejecutiva “en vía de apremio”. Es decir, cuando el sancionado no paga dentro de plazo.

Hay que tener en cuenta que las multas suponen una importante fuente de ingresos para el Gobierno local, que espera llegar este año a los ocho millones de euros, una cifra nunca vista, gracias sobre todo al a progresiva implantación de la vigilancia telemática. Pero la gran mayoría de las sanciones se imponen a los propios coruñeses.