El proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sufre un grave retraso ante la falta de material. El Ayuntamiento aprobó ayer, en Junta de Gobierno, la ampliación del plazo de entrega para dos de los lotes de equipos tecnológicos. Cada no tiene un valor estimado de unos 600.000 euros, su plazo de ejecución era de diez meses y habían sido adjudicados en noviembre del año pasado.
En el primer caso, se trataba de una nueva estación de medición de la calidad del aire, y el segundo, la ampliación de medidores de ruido ambiental. El contrato incluía la instalación y puesta en marcha del equipamiento indicado que ahora se demorará varios meses más, a la espera de que lleguen los componentes. Ya en febrero, el entonces concejal de Movilidad, Francisco Díaz Gallego, había explicado que la ZBE estaba “un poco en aire” por falta de suministros tecnológicos. Díaz aludió concretamente, a la crisis de contenedores al señalar “los problemas que hay con el suministro marítimo”.
Casi todos los productos tecnológicos proceden de China, lo que supone un grave problema, y las navieras no han podido ponerse al día a la hora de reclutar tripulación para sus barcos. Este problema se lleva arrastrando desde 2020. En ese momento, el concejal de Movilidad (hoy de Urbanismo) había calificado el retraso de “ligero”: “Esperemos que para antes del verano, desde luego estén aquí”, había deseado.
El de la ZBE no es, desde luego, el único proyecto que se ha visto afectado por la alta demanda de suministros, que ha obligado en más de una ocasión a demorar la conclusión de los proyectos de obras públicas. La particularidad de la ZBE es que es el que más tecnología implica: cámaras, radares, y sensores de todo tipo forman parte de este sistema que se financia con fondos europeos Next Generation y que el Ayuntamiento debe tener implantado antes de fin de año.
A los conductores les preocupa, por supuesto, que la ZBE suponga restringir el acceso del tráfico rodado a la ciudad, so pretexto de reducir la contaminación, a pesar de que la calidad del aire de A Coruña es buena, según los actuales sistemas de medición. El propio concejal explicaba que el objetivo es reducir la dependencia del coche para los desplazamientos, a pesar de la resistencia.
En todo caso, no hay elección. La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética establece la obligatoriedad de las ZBE para la mitigación de las emisiones derivadas de la movilidad en municipios de población superior a los 50.000 habitantes. Es el medio para rebajar el ruido y los gases de efecto invernadero.