En medio de la agitación causada por las elecciones generales, resulta fácil olvidar que ya ha pasado un mes desde la ceremonia de investidura del nuevo Gobierno de Inés Rey. Desde fuera, puede parecer que el mandato ha comenzado y todo sigue su curso pero no es así: el nuevo equipo de Gobierno local todavía no ha conformado del todo sus directores de área, asesores e, incluso, concejales. Es un caso inédito, porque lo habitual es que la maquinaria municipal se ponga en marcha a la semana de la investidura, y todo parece apuntar a que Inés Rey pretende esperar a después del 23-J para acabar de organizar su gobierno.
El Ayuntamiento no ha querido hacer ningún comentario al respecto, pero en los pasillos de María Pita este impás sí que ha dado que hablar. La falta de explicaciones del Gobierno local no hace más que fomentar las especulaciones sobre la causa. Conviene recordar que el Gobierno local anunció una reestructuración tras las elecciones del 28-M, en las que el PSOE pasó de nueve concejales a los once actuales.
Rey decidió crear tres ‘superconcejalías’ o tenentías de alcaldesa con tres de sus personas de más confianza al frente: José Manuel Lage (el hombre fuerte del Gobierno local), Gonzalo Castro y Yoya Neira. Los tres son tenientes de alcaldes, y son los únicos que tienen delegadas las atribuciones. Es decir, que como tenientes de alcaldesa pueden firmar cualquier documento, como lo haría la propia regidora.
Cada uno de estos “superconcejales” tiene debajo de sí a otros ediles. Lage, por ejemplo, tiene a Nereida Canosa (Innovación Tecnológica), Francisco Díaz Gallego (Urbanismo), Noemí Diaz (Medio Ambiente) y Montse Paz (Seguridad Ciudadana). Ninguno de estos concejales tiene las atribuciones delegadas así que debe ser el propio Lage el que firme los documentos.
Lo mismo ocurre con Gonzalo Castro y Yoya Neira. Los tres “tienen que firmarlo todo, pero tampoco está ocurriendo. Se está trabajando pero se hace en precario” comentan fuentes internas.
Conviene recordar que esta anomalía no solo afecta a los concejales: los directores de área siguen trabajando según la vieja estructura, lo que significa que no saben de qué concejal dependen o si dependerán de alguno porque a muchos de ellos tampoco se les ha confirmado su continuidad en este mandato.
Pese a todo, las direcciones de área siguen operativas. Un caso distinto (y quizá más importante aún) es el de los asesores. En total, hay 27 puestos que deben cubrirse. La mayoría de ellos le corresponde al grupo municipal socialista (16) pero por el momento solo se han nombrado a nueve: cuatro el PSOE, tres el PP y dos el BNG. Mientras que los directores de área siguen trabajando (se trata de un puesto de libre designación y por tanto lo ocupa gente de confianza de la alcaldesa) los asesores se encuentran en una situación más precaria, sin empleo ni sueldo.
Como no parece haber otra circunstancia para esta situación tan anómala todo apunta a que la cercanía de las elecciones generales es la causa: en caso de una eventual derrota socialista, que las encuestas señalan como muy probable, el Ayuntamiento podría acoger a algunos de los políticos que se quedarían sin cargo, ya sea en el propio Gobierno central o en la Delegación o la Subdelegación.
Un ejemplo podría ser Santiago Roura, que había sido coordinador general del Ayuntamiento hasta abril del año pasado, cuando marchó a Madrid a ocupar el puesto de secretario técnico del Ministerio de Educación y lo relevó Gonzalo Castro en un movimiento que la oposición criticó, puesto que era el quinto cambio de director de área de ese mandato. Como Roura, otros socialistas podrían encontrar un nuevo puesto en la Administración municipal tras el 23-J.