Los letrados judiciales volvieron a concentrarse ayer, como cada miércoles, frente a la Delegación del Gobierno. Este colectivo enfila ya la séptima semana de huelga, que en A Coruña tiene un seguimiento del 70%, según los propios huelguistas. Fernando Santiso, su portavoz, lamentó la negativa del Ministerio a negociar o más bien, a cumplir lo acordado el año pasado. El resultado es que el servicio común de registro y reparto está abarrotado con el papeleo paralizado. 

A este servicio llegan todos los trámites que luego los letrados judiciales redistribuyen entre lo distintos juzgados: demandas, escritos, vistas... Conviene matizar que la mayor parte de los trámites de Justicia se realizan telemáticamente. Sin embargo, cuando se trata de una demanda debe entregarse una copia en papel para la primera comunicación. Actualmente los letrados judiciales calculan que pueden estar pendientes de tramitarse unas 8.000 demandas   
 

Pero no solo se trata de ese trámite. Los huelguistas consideran que debe haber unos 30.000 escritos paralizados, a lo que hay que sumar una cantidad indeterminada de vistas suspendidas, que superan sin duda las 3.000, aunque algunas fuentes apuntan a las 4.000. Eso, sin contar con los millones de euros que permanecen en las cuentas de los juzgados para pagar pensiones, compensaciones u otras cuestiones. Se trata de una situación obviamente grave y algunos colectivos más directamente afectados, como los abogados, piden una solución inmediata. 
 

Otros, en cambio, contemplan la huelga como un respiro: no hay que olvidar que en el partido judicial de A Coruña tiene lugar más de un desalojo al día, y que este trámite también está paralizado. Solo en la primera mitad del año pasado se registraron 195 solicitudes de lanzamiento, y se practicaron 146.
 

Víctimas   

Los letrados judiciales lamentan la situación, pero se defienden: “Nosotros somos las víctimas, igual que los ciudadanos, y la imagen que se está dando de la Justicia”, denuncia Santiso,. Este añade que no quiere “entrar al trapo” con el Ministerio al que acusa de tratar de enfrentar los colectivos para presionarles y dejar la protesta que va camino de cumplir dos meses. 
 

El propio Santiso reconoce que la huelga se está alargando más de lo que estaba previsto, porque nadie habría creído que el Gobierno central permitiría que un servicio vital permaneciera paralizado. Aunque, por supuesto, existen servicios mínimos, no son suficientes para mantener la situación a un nivel aceptable y, además, se reservan para los casos más graves, como los juicios criminales. Incluso si hoy mismo se resolviera la situación, el papeleo acumulado es tal que se tardarían meses en ponerse al día. De momento, “no se mueve ni un papel”, señala el miembro de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ). 
 

Adecuación salarial    

Los letrados judiciales  recuerdan que no piden más que el cumplimiento del acuerdo al que llegaron en abril del año pasado. En noviembre y diciembre se realizaron dos jornadas de huelga, sin resultado. “En los últimos años, no han parado de crecer nuestras competencias, pero no hemos tenido compensación”, señaló Santiso.
 

Justicia hizo la semana pasada una oferta, pero solo mejora al 40% de los letrados y no tiene en cuenta que el salario de los funcionarios en poblaciones pequeñas es menor. “Si no se ofrece una mejora a todo el cuerpo, la negociación es inviable”.