El impuesto del Gobierno español a las empresas energéticas ha llevado a la congelación de las inversiones de Repsol en varias refinerías del territorio estatal, incluida la de Meicende. La compañía advierte de que se encuentra en riesgo su inversión para descarbonizar el complejo. En realidad, sus planes de inversión en todo el país están paralizados ante un gravamen por el que, recuerdan, ya han pagado casi 800 millones de euros en dos años.

Si bien es pronto para saber el alcance para la planta coruñesa, lo cierto es que la compañía ya se ha visto forzada a congelar su plan de inversiones, que contempla un presupuesto de entre 2.000 y 3.000 millones de euros netos en la transformación de todos sus centros industriales en instalaciones bajas en carbono. La compañía critica así este gravamen temporal energético, que define como “arbitrario, anticonstitucional y discriminatorio”, y añade que “este falso impuesto solo grava a unos sectores específicos, a la banca y al energético; y dentro del energético, unas actividades concretas: las no reguladas, que compiten en un mercado exterior abierto”. La energética añade que, si no hay un marco regulatorio y fiscal estable, sus planes de inversión en España se quedarán en stand by.

El CEO de la empresa, Josu Jon Imaz, ya alzó la voz en contra del impuesto en 2022, opinando que “el gravamen no iba contra los ricos, sino contra el empleo industrial”. En su opinión, favorece a operadores extranjeros y empresas importadoras”, que “no invierten, no crean empleo, ni riqueza en España”, dándoles una ventaja frente a las empresas que sí lo hacen.