La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña juzgará este miércoles y jueves al administrador de un grupo de empresas, entre las que se encontraba una compañía encargada de labores relacionadas con el alumbrado público de A Coruña, así como a personas jurídicas, por un delito concursal y blanqueo de capitales. La Fiscalía pide más de 20 años de prisión, además de multas monetarias e indemnizaciones en calidad de responsabilidad civil. Procede del juzgado de Instrucción nº1 de Órdenes.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, el encausado fue el administrador del grupo de empresas que conforman las personas jurídicas, siendo una la financiera, mientras que otra se constituía para labores relacionadas con el alumbrado público de diversos ayuntamientos de la provincia coruñesa.

Señalan que, desde mediados de 2011, el empresario era conocedor de su situación de insolvencia y, pese a ello, siguió aumentando las deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, sin tener libros legalizados desde abril de 2004.

"El listado de bienes de la empresa es incompleto, no reflejando un préstamo de 901.132'17 euros de la empresa al administrador único en 2010, el cual lo extrajo en metálico con la finalidad, según dijo, de pagar el bautizo de su hijo, no siendo una finalidad empresarial, no estando acreditado y no habiéndose adoptado garantías de retorno", cita, entre otros ejemplos, el Ministerio Público.

"La concursada -añade sobre una de las empresas- ha realizado préstamos a otras dos del mismo administrador por valor de 601.133, 33 euros y 500.950,06 euros, no teniendo ninguna finalidad empresarial real más allá de descapitalizarse para no atender a los legítimos acreedores". También apunta a impagos a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social por más de 600.000 euros en algún caso.

Además, la empresa principal dejó de ingresar a la Tesorería General de la Seguridad Social en el ejercicio de 2013 la cantidad de 86.615,11 euros.

Por otra parte, acusan también a la financiera de delitos contra la Seguridad Social, puesto que dejó de abonar la cantidad total de 673.092'95 euros en diferentes ejercicios.

PENAS

Además de las penas de cárcel, se impone el pago de multas por parte de las personas jurídicas y, en cuanto a responsabilidad civil, se solicita a los cinco acusados que indemnicen conjunta y solidariamente a la AEAT en la cantidad de 961.102,81 euros, y a el administrador, a la financiera y a otra de las empresas, a pagar 245.975,25 euros y 673.092,95 euros.

Indican además que procederá el embargo definitivo de los seis inmuebles y 14 vehículos para satisfacer estas deudas y con el sobrante, si lo hubiere, la pena de multa.