Se consumó el esperado desenlace para María Manuela Paz Barral, quien minutos después de las 10.00 horas de ayer tuvo que abandonar el piso de la calle Ría do Burgo número 6 en el que llevaba 13 años viviendo. La orden judicial de desahucio, consumada tras la denuncia de su exmarido, provocó que hasta el lugar se desplazasen tres secretarias judiciales y cuadro miembros de la Policía Nacional. También acudió un cerrajero por si la inquilina decidía bloquear la acción de las autoridades.
 

Paz Barral se declaró okupa después de ser informada una última vez de que debía abandonar el inmueble. No opuso resistencia física y mantuvo una charla con las fuerzas del orden, a las que expuso su caso y de las que alabó la sensibilidad hacia los hechos. Además, solicitó que se revisase el óptimo estado del piso, en previsión de una posible denuncia del que fuera su cónyuge, al que en repetidas ocasiones denunció por violencia vicaria y malos tratos. Ninguna de esas solicitudes de alejamiento o protección fueron consideradas.
 

Cobertura de servicios sociales 

Sin más pertenencias que las que caben en una bolsa de basura, sin más compañía que la de su perro y sin más abrigo que una pequeña manta y una esterilla para acomodar la espalda, la desahuciada salió por la puerta. Su gran preocupación ahora es encontrar acomodo. 
 

Mientras servicios sociales le busca amparo, tiene claro cuál será su techo: El Ayuntamiento. “Es la casa de todos y donde pedí que me recibieran”, dice.