Como ayer entraba en vigor la normativa que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a establecer una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en su casco urbano, el Ayuntamiento ha tenido a bien recordar a los preocupados coruñeses que, aunque efectivamente, la ciudad tendrá su propia ZEB, no es su intención impedir que los coches más contaminantes accedan al interior del casco urbano. Es un aviso para que los coruñeses no se alarmen cuando vean las nuevas señales, que se instalarán el viernes en la Ciudad Vieja y La Marina. 

El Ayuntamiento empieza por estos puntos porque ya son zonas restringidas, donde solo permiten circular a los conductores residentes, de manera que el cambio será mínimo, pero conviene recordar que la ZEB abarca una parte mucho más grande de la ciudad. En un primer momento, abarcará la plaza de España, además de la Ciudad Vieja y O Parrote-La Marina, aunque también añadirán otras zonas “de población más vulnerable”. Es decir, escuelas, hospitales y residencias de ancianos.

En una segunda fase, está previsto abarcar hasta la ronda de Outeiro y el litoral norte, lo que supone: el 29% de la ciudad, o 6,2 kilómetros cuadrados, donde vive el 55% de la población (137.244 habitantes). El concejal de Movilidad, Francisco Díaz Gallego, había señalado el año pasado que las ZBE se pueden implantar con diferentes modelos, y el coruñés sería más laxo. Díaz prometió que no habría control de vehículos por etiqueta y se mostró contrario a favorecer el vehículo eléctrico. “Porque no todo el mundo puede comprarlos y no tiene un enfoque social en cuanto la movilidad. A lo mejor, la ZEB se consigue con un aumento de las zonas peatonales o una mejora del transporte público”, reflexionaba en junio. 
 

Contratos 

El caso es que, a lo largo de estos meses, el Gobierno local ha ido aprobando uno por uno los contratos para la implantación de toda la tecnología necesaria para medir la calidad del aire y controlar el acceso de los vehículos. En caso de que la contaminación empeorara, se podría restringir el acceso de los vehículos más contaminantes o más viejos, como los más de 20 años a gasóleo. 
 

En junio se aprobó la inversión de seis millones de euros, casi todos provenientes de los fondos Next Generation, que invertirá en señalización, una red de cámaras y otro tipo de sensores. En la última Junta de Gobierno, celebrada el viernes, se aprobó la adjudicación de proyecto piloto de sistema de medida en continuo de los gases de escape. Incluye estaciones de calidad del aire  y de contaminación acústica y costará 655.105 euros. 
 

En principio, la tecnología que se está instalando tiene como objetivo declarado analizar la situación del tráfico en la ciudad. Solo si empeorara la calidad del aire (que en A Coruña es buena) se tomarían medidas restrictivas, por ejemplo en lo que se refiere a limitar el paso de 

los vehículos más contaminante, algo que debería ser incluido en las ordenanzas de circulación.
 

En todo caso, el sistema tiene que instalarse antes de que finalice 2024, de manera que este año verá profundos cambios en el sistema de control de movilidad de la ciudad. Por ejemplo, en lo que se refiere a las zonas de carga y descarga. l