La huelga de la recogida de basura no solo ha sido larga, sino también muy costosa. Por lo menos para las arcas municipales, aunque el Ayuntamiento haya salido bien librado, incluso fortalecido, políticamente hablando. Mientras que todavía no se han ofrecido datos oficiales, se pueden estimar en cerca de un millón de euros los costes de la huelga, sumando los daños a los contenedores a la contratación por el procedimiento extraordinario de la empresa Valoriza.

Desde que se declaró el estado de emergencia sanitaria, el lunes 22 de julio, el Ayuntamiento empezó a realizar los trámites para contratar de forma urgente y extraordinaria una empresa de refuerzo, que resultó ser Valoriza. No era la primera vez que ocurría, puesto que el Ayuntamiento también había declarado la emergencia sanitaria durante un conflicto con la recogida de basura en 2022, durante el cual ardieron varios camiones. La contratación se firmó el miércoles de esa semana y al día siguiente comenzó el operativo de refuerzo con 13 vehículos y 32 operarios. Lo que, según los términos del contrato, suponía pagar 32.000 euros al día.

Los actos vandálicos también han causado daños en contenedores y edificios en distintos puntos

Pero se trataba de un servicio que solo cubría los puntos más importantes, lo suficiente para retirar las grandes acumulaciones de basura, sobre todo las que se encontraban cerca de los grandes centros de salud, por ejemplo. A diario se recogen en esta ciudad una media de 286 toneladas de basura, según cifras ofrecidas por STL, y la media de Valoriza era de algo menos de 50. Incluso contando con lo que recogía Prezero (mucho menos de lo normal) era insuficiente.

Emergencia total

Aquello llevó a la alcaldesa, Inés rey, a declarar lo que denominó “emergencia total”, aumentando en un 40% el número de efectivos de Valoriza. Esta medida se puso en marcha este lunes y entonces sí la basura comenzó a desaparecer de las calles. Sobre todo porque los trabajadores de Prezero, dándose por vencidos, dejaron la ‘huelga de brazos caídos’

Es decir: aunque había varias jornadas de paro convocadas, nunca se hicieron efectivas, porque los servicios mínimos, de más del 85% del total, obligaban a trabajar a tantos basureros que la ausencia de unos pocos no se notaba. Por eso decidieron, en cambio, cumplir al pie de la letra las normas de seguridad de la empresa, lo que provocó un retraso en muchas rutas, que apenas recogían una fracción de lo habitual. Esto, sumado a que la empresa no enviaba suficientes camiones por falta de personal (debido a las bajas médicas intencionadas o a las numerosas sanciones de empleo y sueldo, dependiendo de a quién se pregunte), es lo que provocó que se acumularan tantos desperdicios.

Destrucción de mobiliario

En cuanto a los contenedores quemados, sobre lo que STL siempre negó la responsabilidad, se contabilizaron 160 a lo largo de estos 46 días de conflicto. Naturalmente, el Ayuntamiento es el principal damnificado porque la destrucción de mobiliario urbano supone un coste que se estima en 400.000 euros, pero también hay que tener en cuenta los daños a la propiedad privada.

No solo ardieron vehículos estacionados cerca de los contenedores, sino que las llamas han dañado edificios, como el local de Cántigas da Terra, en Monte Alto. Pero ahora también este problema ha cesado por fin.