La nueva oficina de multas de tráfico del Ayuntamiento ya ha abierto sus puertas en la plaza de Cuatro Caminos. Los infractores que hayan tenido la mala suerte de ser sorprendidos violando la normativas sguirán teniendo qeu abonarla en las oficinas del registro municipal, pero se estima que 130 sanciones de circulación diarias serán tramitadas a través de estas nuevas del número cuatro de la calle Doctor Henrique Hervada.

El récord de sanciones de tráfico impuestas en un año por la Policía Local lo ostenta el fatídico año 2017, en el que fueron más de 70.000 las multas, sobre todo por la puesta en marcha de las cámaras de La Marina, que a día de hoy siguen funcionando. Sin embargo, no todas las tramita la Policía Local, hay algunas, las que se refieren a la falta de ITV, por ejemplo, o a circular sin carnet, que son remitidas a la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, suponen un porcentaje muy bajo del total, menos del 6%.

Aunque su objetivo es, en parte, mejorar la seguridad y, sobre todo, la circulación, las multas también suponen una inyección económica importante a las arcas municipales. Según los presupuestos de 2024, se espera recaudar 7 millones de euros. Pero no todas las multas llegan a cobrarse y esa cifra supondría casi doblar lo recaudado en 2022. Según la liquidación de cuentas, fueron 3,8 millones de euros.

De forma irregular

Pero el traslado a esta oficina de las funcionarias que hasta ahora, de forma provisional, se encontraban en la comisaría de la Policia Local simboliza también un cambio profundo en la gestión de las sanciones que pasarán a cobrarse conforme a la normativa, y no de forma irregular y, técnicamente inválida. En efecto: durante años, el Ayuntamiento había estado tramitando las multas de circulación de forma indebida a través de la Empresa Municipal de Viviendas y Servicio (Emvsa), incluso antes de la llegada de Inés Rey a la Alcaldía. Fuentes municipales señalan que ya se están tramitando las multas adecuadamente desde principios de año. Los sobres que llegan a casa de los infractores ya no tienen como  remitente a Emvsa, sino al propio Ayuntamiento.

Este matiz es importante. De  hecho, es vital: el Gobierno local ha tenido que cambiar el sistema después de recibir una queja de la Valedora do Pobo. El incidente que descubrió el problema figura en el informe de este organismo correspondiente a 2022, y que no se hizo público hasta octubre del año pasado. En él, la Valedora recuerda que se remitió una resolución al Ayuntamiento después de recibir la queja de un particular que ponía en cuestión la tramitación realizada de su expediente. No solo por errores en el documento, sino porque lo había enviado a través de una empresa pública cuando el remitente tenía que haber sido el propio Ayuntamiento.

La Valedora le recordó al Gobierno de Inés Rey sus deberes legales, expresados en una sentencia del Tribunal Superior del 14 de septiembre de 2020 y que viene a decir que todos los procedimientos sancionadores deben ser incoados por funcionarios municipales. No se pueden delegar en ninguna empresa, ni siquiera en una municipal, y solo ese es motivo suficiente para recurrir la sanción.