12º-13º
domingo | 22 diciembre | 2024
El 13 de abril de este año se aprobó de forma inicial la ordenanza de bienestar animal y ya es posible ver por la calle a dueños de animales provistos de una botella con líquido para limpiar la orina de sus mascotas, lo que constituía una de las principales novedades del texto. Sin embargo, sigue siendo algo opcional: la ordenanza no ha entrado en vigor a pesar de que han transcurrido más de cuatro meses.
El Ayuntamiento se escuda en que la intención nunca fue sancionar, sino concienciar, y añade que cada vez más coruñeses están adoptando la costumbre de salir con la botella cuando sacan a pasear al perro. En todo caso, la ciudad tiene un historial de muy escasas sanciones a dueños que no recogen las heces. De hecho, según las estadísticas de la Policía Local, casi no se multa: en 2019, por ejemplo, solo impuso una, y el año pasado, ninguna, aunque estos datos no abarcan las sanciones de inspectores de Medio Ambiente.
En todo caso, el retraso en aprobar la ordenanza es anómalo. Normalmente, el plazo no va más allá de dos meses: existe un periodo de exposición pública de unos 20 días hábiles donde cualquier interesado puede presentar alegaciones al texto. Después, tras incluir las modificaciones pertinentes, se vuelve a llevar a pleno. Esto puede ocurrir en mes y medio, dos meses o, en circunstancias excepcionales, tres. En este caso, ya son cuatro.
Fuentes municipales se aferran a que no existe un plazo máximo para negar dicho retraso, pero lo que sí existe es un lapso de tiempo habitual. Por otro lado, también hay que señalar que el nuevo texto apenas incluye variantes sobre el anterior. En otras cuestiones, como el sacrificio cero, ya se seguía esa política, de manera que se trataba solo de plasmarla sobre el papel. Otro punto es la designación de Bens como la primera playa canina de la ciudad, en la que tampoco se llevaron a cabo las actuaciones previstas para acondicionarla.
Existen varias razones que pueden explicar esta demora. Entre ellas, la cercanía de las elecciones municipales del 28-J pero, sobre todo, los problemas que han existido en general con la Concejalía de Medio Ambiente, y que han llevado a numerosos problemas de gestión. La anterior responsable de esta área, la socialista Esther Fontán, concedió una entrevista en la que puso de manifiesto su desacuerdo con el resto del Gobierno.
“No he tenido personal ni presupuesto ni me he sentido apoyada en los proyectos que quería iniciar”, señalaba Fontán. Actualmente, la titular del cargo es Noemí Díaz, que opera bajo la supervisión del teniente de alcaldesa, José Manuel Lage.
Por otro lado, el 28 de julio, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 emitió un auto donde requería al Ayuntamiento que presentara alegaciones para impedir que aprobara medidas cautelares que supondrían evitar la adjudicación del contrato de la perrera municipal a Servigal. El proceso fue iniciado por Más Cuidados, después de que la empresa presentara una propuesta más económica que su rival. El PP recuerda que el contrato fue adjudicado en una Junta de Gobierno extraordinaria y urgente, solo dos días antes de las elecciones municipales.
El Gobierno local describió la situación del centro, que ya gestionaba Servigal, como “obsoleto y desbordado” e incrementó un 33% el precio del contrato, que entregó de forma conjunta con el de residencia y esterilización. Más Cuidados recuerda que el Ayuntamiento tiene conocimiento de los incumplimientos contractuales de Servigal, tal y como se puede comprobar en la lectura del acta del pleno del 10 de noviembre de 2022. Por su parte, el PP ha solicitado al Gobierno local que le entregue el expediente del centro municipal de animales para examinarlo.
