La pandemia ha congelado o disminuido una gran variedad de tráficos, incluido el del contrabando en las prisiones. A diario, las visitas de los centros penitenciarios tratan de introducir toda case de objetos ocultas en su ropa y sus cavidades y es la tarea de los funcionarios descubrirlas. Solo en Teixeiro se han incautado de 135 teléfonos móviles en los últimos cinco años, según datos del sindicato Acaip-UGT.

En 2017 fueron 20 incautaciones, en 2018, 27; en 2018, 25, pero el número de incautaciones se disparó durante 2020, el confinamiento, pasado de 35 a 45, mientras que el año pasado fueron solamente ocho. En general, todo el contrabando ha caído últimamente pero desde Acaip–UGT destacan el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos en las prisiones.

La del Teixeiro, debido a su tamaño, con más de mil reclusos, es la que se más casos registró en estos últimos cinco años, mientras que la segunda, la de Monterroso, solo fueron 102. En el Centro de Inserción Social (CIS) de A Coruña, donde los presos se encuentran en régimen de semilibertad para facilitar su regreso a la sociedad, solo se descubrieron tres móviles estos cinco años.

Hay que tener en cuenta que las visitas suelen introducir estos móviles en su cavidad anal. Suelen ser modelos de tamaño muy reducido, fabricados en plástico, y a veces incluso se los tragan, así que un simple cacheo no permitiría descubrirlos y tampoco los detectores de metales: los guardias dependen de su capacidad de observación para determinar si alguien es sospechoso, y decidir si solicitan a un juez un examen radiológico, la única manera legal de descubrir qué hay en el interior del cuerpo de la visita.

Actividad delictiva

A pesar de no tratarse de estupefacientes o armas, estos aparatos pueden causar problemas en el interior de la prisión. Según Acaip, en muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse al control de las comunicaciones, desde presos por violencia de género hasta terroristas o narcotraficantes. Hay que tener en cuenta que en el centro penitenciario hay inhibidores de frecuencia, precisamente para evitar este problema, pero no cubren todos los resquicios de la prisión y los internos saben donde situarse para poder hacer sus llamadas, muchas veces desde sus mismas celdas, donde los ocultan. “Podemos encontrarlos en los lugares más insospechados, como suelas de zapatos, botes de refresco o en productos higiénicos, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada”, dicen desde Acaip.

En el exterior un modelo pequeño puede valer 50 euros, pero en la cárcel su valor se multiplica por cinco, o más. Además, el uso de estos teléfonos puede generar deudas entre los internos, robos y peleas. Para eso, cuantos más ojos mejor y desde Acaip-UGT insisten en la necesidad de ocupar todas las vacantes, porque las nuevas promociones apenas cubren las jubilaciones. Además, piden adaptar el organigrama de las prisiones a las nuevas formas de delincuencia, y redimensionar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para ajustarlas a las nuevas funciones. Quieren retomar la negociación de la Ley de Función Pública penitenciaria para afrontar los nuevos retos a los que se enfrenta la institución.