Echar a alguien a la calle, ya sea de un bajo comercial, una vivienda o incluso un barco (básicamente, desposeer de un bien dentro del cual puedes estar), se denominan judicialmente lanzamientos. En el Servicio Común de Notificaciones y Embargos y referentes al partido judicial de A Coruña (que incluye también Arteixo, Cambre, Carral, Oleiros y Culleredo) se registraron el año pasado 258, pero solo 186 se llevaron a cabo con éxito, ya sea porque la persona en cuestión ha cedido y entregado la llave de la propiedad o porque la comitiva judicial lo ha “lanzado”. 

Es decir, el 72%. El resto se incumple por varios motivos: aplazamientos, recursos o, incluso, que simplemente se registraron avanzado el año y no hubo tiempo a tramitarlos. Con respecto al año 2022, recibidos 347 y con cumplimiento positivo 245 (71%). En 2019 se recibieron 505 y con cumplimiento positivo, 362. Es decir, también un 71%. Pero lo importante es que la cifra de lanzamientos se ha desplomado.
 

Casos

Antonio Vázquez, abogado que ha llevado numerosos casos de desahucio, señala que este fenómeno se debe a una multiplicidad de factores. El primero, que aún se deja sentir el efecto de la crisis de 2008, pero que cada vez es menor, de manera que las cifras son más bajas. La media de lanzamientos fue, durante varios ejercicios, de 500 al año. 

A comienzos de la crisis, en 2008, se habían recibido 103 solicitudes de desahucio y se habían cumplido 73. Pero la cifra fue subiendo año tras año hasta llegar a los 505 de 2019. Es decir, que ha tardado más de diez años en invertirse la tendencia al alza que causó el desplome del ladrillo. Vázquez recuerda que se debe, en parte, a que los procesos judiciales son muy lentos. Esto provoca que el efecto de la crisis se disipa muy poco a poco. Vázquez no se olvida de mencionar las parálisis provocadas por las huelgas en la Justicia, que ha vivido varios paros en los últimos años. 

Él mismo es portavoz de los abogados de oficio, que están protagonizando la actual huelga, pero no es el único caso: “Estamos en un momento en el que hemos tenido: huelga de funcionarios judiciales, huelga de letrados de Administración y Justicia y ahora, huelga de abogados y procuradores de oficio. Los juzgados llevan un retraso monumental”. 

A esto hay que añadir el trabajo ya acumulado en 2020, con el estallido de la pandemia, que ralentizó los procesos que no se consideraran urgentes. Entre ellos, los lanzamientos. El abogado comenta que “la Justicia refleja, con un lapso de retraso importante, todo lo que ocurre a nivel social. Tanto las modificaciones legislativas como las nuevas circunstancias económicas. “Hay tres o cuatro años de retraso, un proceso sencillo es un año, uno complejo, dos”, estima. 

Por otro lado, las medidas que, desde el Gobierno central o autonómico se toman para tratar de corregir el problema también surten efecto: por ejemplo, en el caso de tratarse de personas vulnerables, por edad o por tener menores a su cargo, el lanzamiento se retrasa. Por último, hay que mencionar la bonanza económica de los últimos años, con altos índices de empleo, a pesar del daño que causa a las economías domésticas la inflación. Aun así, se ejecuta un desahucio cada dos días.