El salón de sesiones de María Pita acogerá este jueves un pleno que ha dado y dará de qué hablar las próximas semanas. El PSOE tratará de aprobar unos presupuestos que, de entrada, cuentan con la falta de apoyo de populares y nacionalistas. La sesión será tensa: el Gobierno local, en minoría, acude al hemiciclo para tratar de pactar con la oposición las cuentas de 2025, que ascienden a 379 millones de euros, cuatro más que el año pasado. 

También se debatirán otros asuntos, como el de los estatutos de la sociedad gestora de la Ciudad de las TIC o la aprobación de la ordenanza de viviendas de uso turístico. En estos, sin embargo, es previsible el consenso. El PP, sin embargo, presentó ayer su estrategia a seguir: enmendará los presupuestos para blindar el control del pleno. 

El portavoz de la formación, Miguel Lorenzo, anunció que esta medida será introducida para incluir cambios en las bases de ejecución de las cuentas, “porque queremos transparencia, realizar nuestra labor de control y fiscalización y saber lo que hace el Gobierno municipal con el dinero de todos los coruñeses, y el incremento de partidas relacionadas con barrios, bienestar, vivienda, seguridad, comercio local, deportes, cultura, educación, etc.”.

Para el portavoz popular lo más grave de los presupuestos es, precisamente, “la modificación de las bases de ejecución”: “En caso de que se aprueben será una entrega de todo el poder a Lage Tuñas y un menoscabo de la transparencia y de la democracia que debe existir en la gestión municipal”. Por ello, hizo un llamamiento al BNG y una advertencia “de que si estos presupuestos que irán unidos a una cuestión de confianza que no conllevará una moción de censura, serán aprobados como van”.

“Descontrol en la ejecución”

Lorenzo añadió, además, que lo que Gobierno local pretende hacer es “gravísimo”: “Supone sustraer al pleno competencias en materia de fiscalización de la gestión del presupuesto, así como de la transparencia en su ejecución; por otro lado, como advierte el interventor, supone un descontrol en la ejecución del gasto”. 

Si fracasa la aprobación inicial de los presupuestos, la alcaldesa, Inés Rey, está dispuesta a someterse a una cuestión de confianza. Esto significa que las cuentas se llevarían a pleno de nuevo y, en caso de volver a fracasar, el PP y el BNG dispondrían de treinta días para buscar un candidato a la Alcaldía. No obstante, es muy improbable que ambos partidos se pongan de acuerdo, sobre todo, por el rechazo de los nacionalistas. Así, todo quedaría en un trámite, igual que ocurrió con Xulio Ferreiro en 2017.