El Gobierno local ha sorteado un obstáculo importante al conseguir un acuerdo para el modificado de crédito que se aprobará el martes. Es decir, los cambios que necesitaba en los presupuestos de este año para dotar de fondos algunos asuntos importantes, como la gratuidad de las escuelas municipales o las obras de la Ciudad de las TIC. También la Marea Atlántica, con la que llegó a este acuerdo, lo considera un éxito, pero dado que todavía no han acordado un presupuesto para 2023, el próximo año comenzará sin cuentas, y eso significa que tendrán que prorrogar las actuales. Esto abocaría a otro modificado de crédito en los primeros meses del próximo año.

Cuando se prorroga un presupuesto, no ocurre lo mismo con las subvenciones nominativas. Es decir, las ayudas económicas que recibe el tejido asociativo de la ciudad (cultural, deportivo, vecinal, etc) de las que dependen para pagar las facturas. Aunque en la presentación del acuerdo de esta semana ni el grupo municipal de la Marea ni el Gobierno local, en las personas de la portavoz María García y la alcaldesa, Inés Rey, descartaron que vaya a haber presupuestos en 2023, está claro que no entrarán en vigor en tiempo y forma. 
 

De hecho, lo recomendado es que las cuentas se aprueben el uno de noviembre, aunque eso es algo que pertenece al pasado: desde la última mayoría absoluta, la de Carlos Negreira, los presupuestos municipales siempre se han aprobado con retraso. Los de este año, en abril, por lo que la asociaciones son las que más directamente sufren esta falta de presupuestos. El año próximo, con la llegada de la elecciones programadas para el mes de mayo, nadie espera que sea posible un acuerdo. Fuentes del PSOE reconocen que será posible aprobar un pequeño modificativo de crédito en lo referente a la subvenciones nominativas, pero no cambios importantes.

  
Ejecución 

Los demás grupos de la oposición, como el BNG o el PP, están acostumbrados a que el Gobierno local pacte de forma bilateral con la Marea, criticar la forma de actuar del Gobierno local. El primero en protestar en esta ocasión ha sido el grupo municipal del PP. El concejal y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, recordó que, como los presupuestos de este año se aprobaron en abril, lo que explica por qué el Gobierno municipal “solo ha gastado el 15% del presupuesto de inversiones para los barrios, que no cuentan con ningún equipamiento nuevo desde hace siete años”. 

Según el PP, los datos de la ejecución incluidos en los expedientes de los modificados del presupuesto que irán a Pleno el próximo martes reflejan que el gobierno municipal tiene sin gastar 77 millones de los 90,7 millones para inversiones recogidos en el presupuesto a 15 de noviembre. “Lo importante de un presupuesto no es lo que se pone, sino lo que se ejecuta y si no se hace, eso sí que es un verdadero recorte para los coruñeses”, señala Lorenzo.
 

Incumplimiento

En esto, Lorenzo coincide con María García, que en la presentación del acuerdo de este jueves criticó el incumplimiento presupuestario: “Non nos conformamos co grado de execución dos acordos aos que chegamos, e moi especialmente aos que chegamos para a aprobación dos orzamentos”. Y por eso pidió que se acelerara la ejecución de los acuerdos,  como las medidas de política energética.

También pidió la ejecución de los nueve millones de euros en políticas de vivienda. “Teñen consignación pero van moi lentos na súa execución e isto desemboca en que o concello non sexa contundente para garantizar o dereito a vivenda”.