Las denuncias de particulares, la mayoría de vecinos, y la falta de cumplimiento de la normativa municipal ha llevado a más de una quincena de viviendas turísticas a estar en peligro. El Gobierno local ha abierto dieciséis expedientes disciplinarios para el cierre de pisos de uso vacacional; doce de ellos, por denuncias; cuatro, de oficio por no cumplir con el reglamento urbanístico, que no permite la implantación de este tipo de actividad turística en pisos o locales destinados a viviendas de uso residencial.

Ya en enero el concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, advirtió de que los servicios municipales habían verificado que existían viviendas en la ciudad que estaban ofreciendo usos turísticos sin contar con la habilitación administrativa pertinente. La ordenanza reguladora, aprobada de forma inicial en el pleno de enero –aunque no entró en vigor todavía– servirá como instrumento para aplicar lo que dice el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2013. Por ello, lo que persigue el Gobierno municipal es que estos inmuebles solo estén permitidos en bajos, primeras plantas o edificios destinados de forma exclusiva a esta actividad. Tampoco podrán estar situados en una planta superior a una vivienda de uso residencial.

Además, los propietarios que no cuenten con la habilitación administrativa municipal, tendrán tres meses desde la entrada en vigor de la ordenanza para conseguirla. En caso de no cumplir con la normativa, tendrán que darse de baja en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT). No obstante, a día de hoy ya hay titulares que están recibiendo notificaciones para el cese de su actividad. La mayoría, tras haber sido denunciados por particulares.

Precinto

Un caso  adelantado este miércoles por El Ideal Gallego, sin ir más lejos, reflejaba este problema. Un piso situado en el barrio de Zalaeta será precintado en próximas fechas, convirtiéndose así en el primer inmueble de este tipo en experimentar esta medida. 

Pese a estar inscrito en el REAT, en agosto de 2024 el Ayuntamiento notificó al propietario que el ejercicio de esta actividad requiere la presentación ante el Ayuntamiento del “impreso de comunicación de uso turístico”. 

Tras denuncias presentadas por particulares, la Policía Local visitó el piso, en el que el dueño aportó la comunicación de inscripción en el REAT. Sin embargo, el Gobierno local apunta que, a día de hoy, el propietario no presentó la documentación previa de actividades de uso turístico. En resumidas cuentas, este piso será precintado por carecer del título municipal habilitante, pero también por ser incompatible con el planeamiento urbanístico. 

Urbanismo decretó ya el pasado enero, como medida provisional, el cese definitivo de la actividad y advirtió al dueño de que, en caso de incumplimiento del mismo, se podría recurrir al precintado o a la imposición de multas por importe de 1.000 a 10.000 euros, reiterables hasta conseguir el objetivo del cierre. Al propietario se le abrió la posibilidad de presentar alegaciones, interponer recurso de reposición o bien acudir al contencioso administrativo.

Elaborar la ordenanza de regulación de las viviendas de uso vacacional ha sido un proceso largo. El Ayuntamiento anunció en marzo de 2023 que crearía una mesa de trabajo para regular los pisos turísticos y en octubre de ese año se conocieron los primeros detalles sobre su limitación. Cada paso se daba a conocer en las mesas sectoriales organizadas con representantes de entidades vinculadas con el sector: vecinos, hoteleros, pisos turísticos y entidades como el Colegio de Arquitectos, entre otras. Los propietarios de estos inmuebles, representados por la asociación Aviturga en la mesa, denuncian falta de diálogo.