Bailaban las cuentas entre el Ayuntamiento y las diferentes secciones del movimiento vecinal respecto a cómo de significativo era el rechazo o el apoyo a la nueva fórmula de organización de cara a las fiestas de barrio. Sin embargo, ya puede decirse de manera relativamente oficial que el recelo y la desconfianza, así como el desconocimiento y temor a lo nuevo, son mayoría entre los representantes de las distintas zonas. Así quedó de manifiesto en la reunión convocada por la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña, celebrada en la noche del jueves en el local vecinal de O Ventorrillo. Curiosamente, sólo unas horas después, la cuenta atrás comenzó con la publicación de la convocatoria BOP. Son 15 días naturales los que tienen por delante las asociaciones para presentar su proyecto.
No obstante, que no guste no quiere decir que vaya a encontrarse la propuesta con un rechazo frontal. Más bien tocará apechugar y sacar adelante lo que realmente importa: el día grande de cada barrio. "La mayoría no está de acuerdo con el modelo de subvenciones para las fiestas, pero también buena parte de ellos nos anunciaron que aceptarán el modelo y que van a pedir la subvención", subraya la presidente de la Federación, Luisa Varela. "La principal preocupación es la responsabilidad que las asociaciones pasan a tener como organizadores, aunque el Ayuntamiento ayudará en cuestiones como los seguros de responsabilidad civil", añade la dirigente, que ya ha solicitado una reunión con el concejal de Cultura, Gonzalo Castro.
Entre el día 22 y 23 de enero un total de 20 asociaciones, a través de dos comunicados diferentes, mostraron públicamente su rechazo al modelo nuevo planteado por el Ayuntamiento. Entre una larga lista de justificaciones destacaba lo que consideraban una dejación de funciones por parte del IMCE y, en ambos casos, se pedía un retorno a la fórmula anterior.
El Ayuntamiento, por su parte, ha abierto una oficina específica para asesorar y guiar a los representates de los barrios a la hora de completar su solicitud, además de reiterar que se trata básicamente de una metodología diferente para un resultado semejante. El objetivo, básicamente, es darle marco legal a lo que consideraba una forma "insostenible" de otorgar subvenciones y dinero sin una base jurídica justificada.