Que los tiempos se alargan lo sabe bien Elda Castro, dueña de Hachiko y clienta de Vets en Casa que ya se ha visto afectada por la nueva ley. Hach, como le llaman en la familia, es un gato Maine Coon pelirrojo de siete años que solo tenía un problema de displasia –malformación de las articulaciones– detectada precozmente y controlada con una alimentación adecuada. 

Fue en una revisión rutinaria donde saltan las alarmas tras detectarle unos bultos en el intestino. Después de una serie de pruebas, tuvo que ser intervenido. “El laboratorio tardó más de dos semanas y había altas probabilidades de que estuviéramos ante un cáncer. Para nosotros, él es un miembro de la familia y estás dos semanas esperando a saber qué es y cómo de grave. Por suerte para nosotros, no lo fue tanto como al principio pintaba”, cuenta su propietaria. 

Fueron varias las pruebas adicionales que Hach tuvo que pasar para que su veterinaria pudiera pautarle una serie de medicamentos. Ahora, Elda se encuentra en casa con fármacos que ya no necesita. “En la farmacia me han dado un paquete de veinte comprimidos cuando yo solo necesitaba diez. ¿Qué hago con eso en casa?”, se pregunta la clienta de Vets en Casa. 

En su caso, con la intervención y el resto de pruebas, la factura ascendió a más de 200 euros, con la “suerte” de que el proceso no fuera peor. 

Aunque entiende que “tiene que haber un control”, la dueña de Hach pide que no se coarte la libertad de los especialistas y recuerda que no hay un servicio público veterinario. “Para mí, es mi familia. Y como miembro de mi familia, cuando tiene un problema lo voy a llevar al mejor especialista que tengo a mi alcance y no quiero pensar que ese profesional está limitado”, reclama.